Francisco Ángel Sánchez, presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (Foto: Cedida.)

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Francisco Ángel Sánchez, ha ofrecido un balance del Programa de Garantía Alimentaria, impulsado por este organismo de la Diputación de Córdoba, con el que se ha atendido a 2.505 personas de la provincia, lo que supone un 29% más de la cifra inicial. 

Sánchez ha destacado que “una vez más volvemos a demostrar nuestro compromiso con los municipios de la provincia, pero sobre todo con las personas más vulnerables ante el Covid-19”. El diputado ha explicado que “hace poco más de quince días habilitamos un millón de euros para la puesta en marcha de este programa de carácter extraordinario, que finalizará conforme vayamos volviendo a la normalidad”.

El diputado ha recalcado que el objetivo del mismo “es garantizar la alimentación de personas mayores y con diversidad funcional sin redes de apoyo y de familias con menores en riesgo de exclusión social sin habilidades o capacidades para la gestión y cobertura autónoma de sus necesidades de alimentación”.

No obstante, el presidente del IPBS ha insistido en “seguir trabajando una vez finalice este programa extraordinario, en la integración social de esas personas que están siendo beneficiarias de este servicio y para ello será fundamental la labor que llevan a cabo los trabajadores sociales y los recursos y programas de los que dispone el IPBS, que buscan precisamente la autonomía de las personas y su integración”.

Sánchez ha insistido en “el trabajo arduo y complejo de coordinación y colaboración interadministrativa, en el que se están viendo implicados nuestra plantilla y los ayuntamientos, y en el que están participando los educadores y trabajadores sociales, sumándose además voluntarios, miembros de la Policía Local, Protección Civil, ONGs y las empresas encargadas de preparar los alimentos”.

Según ha expuesto el presidente del IPBS, “si analizamos el perfil de las 567 personas que se han ido incorporando a lo largo del mes de abril, observamos que 311 provienen del Programa de Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía, 39 menores de la ampliación del Programa PRAI  de la Consejería de Educación tras el cierre del mismo el pasado 6 de abril, y las 217 personas restantes corresponden a demandas de solicitud de ayuda, que cumplen con los requisitos del programa”.

Con estos datos, la conclusión es que “el aumento viene en un 61% por asumir a personas que dejan de ser beneficiarias de programa de la Junta de Andalucía y un 39% por la evolución de la crisis y el cambio de las realidades y necesidades de la población”.