Cada vez que salimos de un proceso electoral se habla de un señor que lleva muerto más de un siglo y al que se le achacan casi todos los defectos que los ciudadanos ven (o pretenden hacer ver) en nuestro sistema electoral.

Me refiero al Sr. Víctor d’Hondt, un profesor belga que ideó allá por el siglo XIX un método útil para cualquier tipo de distribución proporcional, aunque es “pseudo-conocido” por la aplicación de este método en los sistemas electorales de gran parte de las democracias actuales.
Básicamente el método consiste en dividir el número de votos de cada partido sucesivamente por 1, 2, 3,etc, que son los escaños en juego por la circunscripción de que se trate. En el caso de las Generales las circunscripciones son las provincias, por tanto para el Parlamento español se divide el número total de votos de cada candidatura por los divisores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los escaños en juego por la provincia de Córdoba por ejemplo. Los 6 cocientes más altos de esas divisiones determinan los representantes elegidos, con lo cual los votos obtenidos en esa circunscripción por opciones que en esa división no hayan conseguido “un cociente de los elegidos” son inútiles, puesto que no se pueden utilizar para otra provincia con otra candidatura aunque esta sea del mismo partido.
Frente a este sistema proporcional puro existe la alternativa del sistema llamado “mayoritario”, de tradición más anglosajona y en mi opinión mucho más injusto y paradójico. Pues consiste en que todos los escaños en juego se los lleva el partido que gana, aunque la diferencia haya sido mínima. Una variedad de este método es el que se utiliza para la elección de parte de la Cámara Alta o Senado en España.
Diferentes y complejas variantes de los dos sistemas, o una mezcla de ambos son las que utilizan la mayor parte de las democracias representativas del mundo.
Como se puede observar el tan denostado sistema d’Hondt es el menos malo de los posibles. Entonces, ¿de dónde vienen las perversiones que dice todo el mundo? Eso de que unos votos valen más que otros, etc, etc.
En esto el Sr. d’Hondt no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. En tal caso serían las leyes electorales de cada país las causantes de las supuestas perversiones del sistema.
La cuestión está en comprender que los escaños en juego son por CIRCUNSCRIPCIÓN, y no se puede comparar el peso de un partido en la balanza de la circunscripción donde se ha presentado con el peso de otro partido con más votos pero sumando las balanzas de otras circunscripciones electorales. Entre otras cosas porque en cada provincia los candidatos a elegir no son los mismos aunque se presenten bajo las mismas siglas, obviedad que a veces se olvida de manera interesada. Vamos, que nuestro voto lo deben utilizar para escoger a “nuestros representantes” no a los de otra provincia.
Eso sería como cambiar las reglas del juego en mitad de la partida, ya que, insisto, no se pueden meter en el mismo saco los votos en disputa por Córdoba con los votos en disputa por Tarragona, por ejemplo.
La clave está en ponernos de acuerdo sobre cuál sería la dimensión idónea de la CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL, para que la representatividad democrática sea lo más equitativa posible. En España actualmente para las Generales y Autonómicas son las provincias, para las Europeas hay circunscripción única cuyo ámbito es todo el territorio del Estado, y para las Municipales es el Municipio. Y en cada proceso electoral se usa el mismo sistema de distribución de votos/escaños. El método d’Hondt se utiliza para elegir los diputados al Congreso en las provincias, los eurodiputados españoles en el Parlamente Europeo y los concejales en los municipios.
Las medias verdades que utilizan interesadamente algunos partidos como IU o UPyD, no hacen más que confundir a los ciudadanos haciéndoles creer que el sistema no los representa. Se llevan las manos a la cabeza exclamando que han obtenido más votos y menos representación que tal o cual partido, sin explicar que los escaños se deciden por circunscripción no por el cómputo global. Estas medias verdades han cundido entre la ciudadanía provocando un distanciamiento del sistema político nada recomendable.
Es completamente demagógico e interesado pretender mezclar los resultados electorales de “unidades de decisión” o circunscripciones diferentes, para reivindicar en la calle lo que se ha perdido en las urnas. Para demostrarlo basta un ejemplo: en las últimas elecciones municipales de mayo por todos es sabido que en Andalucía el PP fue el partido más votado, 1.600.000 votos frente a 1.300.000 del PSOE. Sin embargo el PSOE obtuvo en el reparto de concejales 3840 frente a 3148 del PP.
Pero desde el PP no hemos oído a ningún dirigente clamar contra la ley electoral pues es evidente que no se puede extrapolar lo global a lo directo, ni escoger a los concejales de mi pueblo-circunscripción con los votos a los concejales de mi partido por otro municipio. Los cuales, por otra parte, para ser elegidos necesitarán un número de votos distinto si se trata de un municipio como Sevilla o como Priego por ejemplo.
Por tanto basta ya de medias verdades que no hacen más que confundir y alejar al ciudadano de la política. Como la falacia tan de moda de las listas abiertas. Señores, las listas abiertas existen en nuestro sistema electoral, en el Senado, y la evidencia es que no se utilizan. Los electores libre y masivamente votan al partido no al candidato.
Esto no quiere decir que el sistema sea  perfecto y no pueda ser mejorado. En mi opinión podría y debería mejorarse, pero no cambiando el método proporcional por el mayoritario, sino modificando las circunscripciones electorales, de tal forma que por ejemplo la mitad de los diputados se eligieran por circunscripción única de todo el Estado y la otra mitad por provincias como actualmente, otorgando un mínimo de un parlamentario por provincia (en la actualidad el mínimo es 2) y el resto en función de la población. Así se limitaría el chantaje permanente a los intereses generales de partidos nacionalistas fuertes en sus circunscripciones, sin perder por ello el pluralismo garantizado en la Constitución.