Rocío Ruiz anunció una medida extraordinaria y urgente para el sector de las residencias. (Foto: Cedida)

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado el compromiso de su departamento y del Gobierno andaluz con el sector de la dependencia, que se ha demostrado en la aprobación de una medida económica extraordinaria y urgente destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19. La consejera ha informado de esta medida a las patronales del sector durante un encuentro telemático y ha asegurado que se ha previsto un presupuesto de 13,5 millones de euros (13.513.534,78) que se materializará con la última liquidación presentada y validada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados.

Rocío Ruiz ha recordado que los centros residenciales y de atención a personas dependientes "han realizado y están realizando un gran esfuerzo para hacer frente a la pandemia, desde el primer momento, para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y ofrecer una atención de calidad a las personas mayores y personas con discapacidad que, no olvidemos, son los más vulnerables al coronavirus". En este sentido, ha recordado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, adoptó desde el principio medidas para ayudar al sector como en los centros de día, donde "hemos garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizar tareas de seguimiento proactivo". En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.

En esta segunda ola se ha previsto este pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, mediante el cual los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 1.415 centros con vinculación jurídica con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Mediante estos, el número de personas beneficiarias que tienen prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de atención residencial o el de centro de día asciende a 37.886.

La consejera ha defendido el esfuerzo del Gobierno andaluz por mantener la atención a las personas más vulnerables en esta crisis y ha pedido el mismo compromiso al Gobierno central. En este sentido, ha recordado que ya solicitó al vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, que destine una partida finalista de los 140.000 millones que va a recibir España del Fondo Europeo de Reconstrucción para los centros de servicios sociales como las residencias para personas mayores y personas con discapacidad.

Igualmente, la consejera ha recordado que el presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del año 2021 para dependencia asciende a 1.609,1 millones de euros, "el mayor presupuesto de la historia para la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía". En este sentido, ha pedido al Gobierno central que incremente su aportación a la financiación del Sistema de la Dependencia, que en estos momentos recae al 82% en la Junta de Andalucía y no se cumple el reparto al 50% que establece la Ley.