(Foto: Cedida)

Las organizaciones representativas del sector agrario de Córdoba -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- han enviado un escrito a los ayuntamientos de la provincia trasladándole su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-2022 y que tendrá como base su Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.

En el marco actual 2014-2020, se reconoció la diversidad productiva cordobesa y española mediante el establecimiento de cincuenta regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.

El principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los próximos años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 40.000 perceptores cordobeses.

Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario cordobés, conformado por un universo de agroindustrias cooperativas y explotaciones que asienta la población en el territorio, favorece la conservación del medio ambiente y genera empleo y riqueza.

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el ministerio publica el Real Decreto 41/2001, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime porque como señalan los convocante “mermará de forma importante la renta de un 40% de los agricultores y ganaderos cordobeses, siendo los más perjudicados, los que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza.

Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y los regadíos, por tanto, atacando a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio. Por primera vez en la historia de la PAC, se define un tránsito no paulatino, que impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus  explotaciones y/o reorientar sus producciones”.

Por todo ello, las organizaciones piden a los Plenos de los ayuntamientos que se sumen al rechazo del real decreto de convergencia por ser innecesario porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos cordobeses y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC, solicitando al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual.

Asimismo, le piden que muestren su apoyo al complejo agroalimentario cordobés de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un plan estratégico que permita cumplir con las directrices europeas “respetando nuestra diversidad productiva”. La reforma no puede hacer daño a miles de agricultores y ganaderos que son fundamentales para mantener el tejido económico, social y medioambiental de nuestra provincia.