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El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética.

Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas de estética legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial.

En total, cuatro personas han sido detenidas y 41 investigadas por 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la operación ‘Botul/Kalopsia’, se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla, habiéndose aprehendido grandes cantidades de medicamentos y productos sanitarios ilegales procedentes principalmente de Corea, así como material para su acondicionamiento, almacenamiento y distribución.

La investigación se inició en 2023, a raíz de una serie de informaciones recabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con relación a la existencia de diversas clínicas clandestinas dedicadas a la realización de tratamientos e intervenciones propias de la medicina estética, observando que incluso se ofertaban a través de redes sociales este tipo de tratamientos médicos por personas sin la debida titulación.

Medicamentos ilegales procedentes de la República de Corea
De manera paralela, la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Sevilla, formada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil, venían realizando en el aeropuerto de Sevilla un número importante de aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales, procedentes principalmente de la República de Corea, cuyos destinatarios finales estaban directa o indirectamente relacionados con la medicina estética. 

 

Durante la fase de explotación de la investigación se han realizado cuatro registros domiciliarios, concretamente en San Pedro de Alcántara (Málaga), Torrevieja (Alicante) y Cartagena (Murcia), así como 24 inspecciones en clínicas y establecimientos clandestinos en las provincias de Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Alicante, en las que se han llevado a cabo 40 aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales.

En estas actuaciones, cuatro personas han sido detenidas y 41 investigadas, a los que se les imputan en total 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.

Aunque esta organización criminal se da por desarticulada, en la actualidad se están recabando denuncias de posibles perjudicados por la aplicación de estos tratamientos, existiendo casos de alta gravedad por las secuelas sufridas tras la aplicación de estas sustancias ilegales por personal sin cualificar.