Daños en un inmueble rústico durante los temporales. (Foto: Cedida.)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el procedimiento para compensar a las entidades locales por la pérdida de ingresos derivada de los beneficios fiscales aplicados en 2026 tras los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos en municipios de Andalucía y Extremadura.

La resolución desarrolla lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2026 y establece las condiciones para que los ayuntamientos reciban compensaciones por las medidas fiscales adoptadas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Exenciones en el IBI y ayudas al sector agrario
En el caso del IBI, la norma contempla la exención de la cuota correspondiente al ejercicio 2026 para los inmuebles ubicados en zonas afectadas por los temporales. Esta medida se extiende también a bienes rústicos vinculados a explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido daños, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Se trata de una medida especialmente relevante para territorios con fuerte peso del sector primario, donde las inclemencias meteorológicas han provocado pérdidas en cultivos, infraestructuras y explotaciones.

 

Reducciones en el IAE para empresas afectadas
Además, el texto recoge reducciones en el IAE dirigidas a aquellas actividades económicas que hayan resultado perjudicadas por estos episodios climáticos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y facilitar la recuperación de negocios y autónomos.

Procedimiento y requisitos
La resolución detalla el procedimiento para acceder a estas compensaciones, incluyendo la necesidad de aportar documentación acreditativa de los daños, como informes técnicos, peritaciones o documentación administrativa.

Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, centralizando así el proceso administrativo.

Apoyo a la financiación municipal
Con esta medida, el Gobierno establece un marco para garantizar que los ayuntamientos no vean mermados sus ingresos como consecuencia de las ayudas fiscales aplicadas a ciudadanos y empresas afectados por los temporales.

El objetivo es equilibrar el impacto económico derivado de estas situaciones, permitiendo a las entidades locales mantener su capacidad financiera mientras se impulsa la recuperación de los territorios afectados.