La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización presuntamente dedicada a facilitar de manera fraudulenta la obtención de autorizaciones de residencia a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios y parejas de hecho ficticios.

La denominada operación Boni se ha saldado hasta el momento con la detención de 24 personas, investigadas por su posible relación con delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Según la investigación policial, la trama cobraba entre 7.000 y 10.000 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de tramitar de forma irregular tarjetas de residencia mediante documentación falsa.

Un abogado y la presunta responsable de la trama, bajo investigación
Las pesquisas comenzaron después de que los agentes localizaran abundante documentación que levantó sospechas sobre la posible existencia de un entramado organizado.

Desde el inicio de la investigación, los agentes centraron su atención en un abogado con despacho en Sevilla y en una mujer a la que atribuyen funciones de captación, coordinación y control de la organización.

El análisis de la documentación intervenida permitió detectar numerosos indicios de fraude relacionados con supuestas relaciones de convivencia entre personas que, según la Policía Nacional, ni siquiera se conocían.

Contratos, facturas y reservas hoteleras falsificadas
Para dar apariencia de legalidad a las relaciones ficticias, la organización habría confeccionado contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras, entre otros documentos, con el objetivo de acreditar convivencias inexistentes.

Los informes periciales caligráficos realizados durante la investigación concluyeron además que buena parte de la documentación habría sido elaborada por una misma persona.

Este extremo, según los investigadores, apunta a una producción sistemática y centralizada de documentos falsos destinados a incorporarse a distintos expedientes administrativos para lograr la obtención de tarjetas de residencia.

Entre 7.000 y 10.000 euros por regularizar la situación
La Policía Nacional señala que los ciudadanos extranjeros pagaban cantidades que oscilaban entre 7.000 y 10.000 euros para regularizar de forma fraudulenta su situación administrativa en España.

La operación permanece abierta y, hasta el momento, se han practicado 24 detenciones.

Todas las personas detenidas están investigadas y les ampara la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.