La ministra de Sanidad, Mónica García. (Foto: Cedida.)

El Ministerio de Sanidad impulsará los cambios normativos necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria, de manera que pueda ofrecerse desde los centros de salud cuando resulte adecuado para cada caso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la medida este lunes durante la inauguración del encuentro Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso, celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto y en el que también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El anuncio ha sido confirmado oficialmente por el Gobierno.

"Queremos que las mujeres que elijan este método, cuando sea adecuado para su situación, puedan acceder a él desde sus centros de salud. Con información clara, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García.

Cambios normativos antes de su implantación
La medida no supone una incorporación inmediata del aborto farmacológico a todos los centros de salud. Sanidad tendrá que modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a Atención Primaria.

El Ministerio también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en la interrupción farmacológica del embarazo, y actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La ficha técnica vigente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recoge la mifepristona para la interrupción médica del embarazo intrauterino, en combinación posterior con un análogo de prostaglandina, hasta los 63 días de amenorrea.

Sanidad ha indicado que el desarrollo de los cambios se abordará junto a las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios. "Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso", ha afirmado García.

Casi ocho de cada diez abortos se realizaron en centros privados en 2024
El Ministerio justifica también la iniciativa por las diferencias existentes actualmente en la prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. En 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España: 22.563, el 21,25%, tuvieron lugar en centros públicos, frente a 83.609, el 78,75%, realizadas en centros privados.

La situación presenta además importantes diferencias territoriales. En el caso de Andalucía, el informe específico publicado por Sanidad sobre el periodo 2015-2024 contabiliza únicamente 39 interrupciones realizadas en centros sanitarios públicos durante 2024, el 0,20% de las registradas en la comunidad.

La legislación estatal establece actualmente que la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en un centro sanitario público o privado acreditado. La reforma aprobada en 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar esta prestación dentro de la red pública y contempló tanto el método quirúrgico como el farmacológico.

García ha defendido que la ampliación a Atención Primaria pretende facilitar el acceso y reducir desplazamientos, además de proporcionar un equipo sanitario de referencia durante el proceso. La implantación efectiva dependerá ahora de la tramitación de los cambios anunciados y de su posterior desarrollo por parte de las administraciones sanitarias competentes.