Integrantes del comité. (Foto: Cedida.)

La Junta de Andalucía ha constituido formalmente en Córdoba el Observatorio Provincial contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, un órgano concebido para coordinar, analizar y reforzar la respuesta frente a los episodios de violencia física o verbal que puedan producirse en centros de salud y hospitales de la provincia.

El acto constitutivo ha estado presidido por la delegada territorial de Sanidad y Consumo, María Jesús Campos, quien ha destacado que el nuevo órgano pretende reforzar la prevención y mejorar la seguridad de los profesionales durante el desarrollo de su actividad.

La iniciativa se enmarca además en la estrategia anunciada por la Junta de Andalucía para reforzar la protección de los trabajadores sanitarios. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció el pasado 25 de septiembre que el Gobierno andaluz pretende llevar al Parlamento antes de finalizar 2026 una Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se tramitará como decreto ley.

Coordinación entre administraciones y profesionales
El Observatorio nace con el objetivo de favorecer la participación de los diferentes sectores implicados en el análisis de las agresiones y en el diseño de medidas destinadas a reducir estos episodios.

Durante la reunión constitutiva se puso de manifiesto la importancia de establecer mecanismos eficaces de prevención, reforzar la atención jurídica y psicológica a los profesionales afectados y mejorar la coordinación entre los centros sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el órgano están representados, entre otros, los interlocutores policiales sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mandos de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, colegios profesionales, organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad y asociaciones de pacientes.

Entre los colegios profesionales participantes se encuentran representantes de ámbitos como Medicina, Veterinaria, Enfermería, Farmacia, Psicología o Trabajo Social.

Evaluación de los centros con mayor riesgo
Entre las principales líneas de actuación planteadas figura la evaluación continuada del riesgo en los centros sanitarios y el seguimiento específico de las áreas y servicios donde exista una mayor incidencia de situaciones conflictivas.

A partir de estos análisis podrán reforzarse medidas como los sistemas de videovigilancia, botones de aviso o la presencia de personal de seguridad.

El Observatorio también pretende agilizar los procedimientos de denuncia mediante una mayor coordinación con los interlocutores policiales, facilitando la actuación inmediata ante posibles incidentes.

Igualmente, se contempla mantener el apoyo jurídico especializado y la asistencia psicológica a los profesionales afectados a través de los protocolos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud.

Concienciación ciudadana
Otra de las líneas prioritarias será la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a fomentar el respeto hacia quienes trabajan en los centros sanitarios y a promover una relación basada en la empatía entre profesionales y usuarios.

La Junta mantiene una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y considera prioritaria la protección de los entornos asistenciales frente a cualquier forma de violencia.

Con la constitución del Observatorio Provincial, la Administración autonómica pretende reforzar la coordinación institucional y las medidas de seguridad disponibles para que tanto el personal asistencial como los profesionales de gestión y servicios puedan desarrollar su actividad en condiciones adecuadas de protección.