El Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, explica la nueva denuncia contra Carrefour
Redacción
Jueves 20 de enero de 2011 - 12:24
generica

UPA-Andalucía ha vuelto a denunciar a Carrefour por lo que  entiende un presunto delito reiterado de venta a pérdidas.

El Secretario General de la  Organización, Agustín Rodríguez, ha recordado en rueda de prensa en Jaén, que esta  práctica está prohibida por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y por la Ley de la  Competencia Desleal y que, por lo tanto, UPA ha interpuesto la nueva denuncia ante la  Consejería de Turismo y Comercio, porque son “competentes para inspeccionar si  realmente el aceite se ha comprado a los precios que se está vendiendo cuando el precio en origen que se le paga a los olivareros está muy  por encima del que ha vendido Carrefour a los consumidores”.
En este sentido, el Secretario General de UPA-Andalucía echó mano de una gráfica del  Pool Red en la que se refleja que el precio en origen que han recibido los olivareros, en
2010, ha oscilado entre los 2,40 y los 1,85 euros el kilo y que, jamás, ha estado por debajo  de esta cantidad. De esta manera, demostró que la oferta del Carrefour, vigente hasta el 13 de enero, volvía a incurrir en un presunto delito de venta a pérdidas porque vende “dos garrafas de 5 litros de aceite de oliva virgen extra o virgen extra frutado a 17,55 euros”, lo que significa que el precio por litro es de 1,75 euros. “En todo momento, el precio al que vende Carrefour ha estado muy por debajo de los precios en origen que recibieron los olivareros en España. Queda, por lo tanto, perfectamente clara la política abusiva de la gran distribución que, además, incumple dos leyes”, aseguró Agustín Rodríguez.
Incluso, el Secretario General de UPA-Andalucía se  refirió al incumplimiento en el etiquetado, puesto que, aunque es un tema menor, la normativa deja muy claro que las clasificaciones del aceite son virgen extra, virgen y aceite de oliva y Carrefour vende “garrafas en cuya etiqueta de virgen extra le añaden el término frutado”. De todas formas, Agustín Rodríguez insistió: “A la UPA le preocupa la política destructiva de utilizar el aceite como producto gancho y venderlo a pérdidas, lo que lleva a los productores y a la industria envasadora a una situación límite. No es posible que la gran distribución siga reventando el tejido productivo porque no dejan precio, ni sitio ni margen ni a los olivareros ni al resto de competidores en marcas, por lo que hay que erradicar esta lacra”.
Agustín Rodríguez recordó la última denuncia interpuesta por UPA-Andalucía contra
Carrefour, que resultó exitosa, confió en el buen resultado de ésta nueva e insistió: “El objetivo de UPA es combatir estas prácticas abusivas con los instrumentos que estén en nuestras manos. Estamos asistiendo a una situación de reconversión encubierta que no sabemos cuánto podemos aguantar y nosotros seguiremos trabajando en esto. Toda empresa que venda, presuntamente, a pérdidas o por debajo de los costes de producción, va a tener el aliento de la UPA en el cogote con todos los instrumentos y armas que el Estado de Derecho nos da para perseguir esta práctica, que para nosotros es desleal y que destruye empleo todos los días en un sector tan importante como el aceite de oliva para Jaén y para Andalucía. Por eso, siempre defenderemos el aceite por ser la base de la economía de miles de agricultores y porque estamos hartos de estas prácticas abusivas permitidas por los gobiernos”. Al respecto, hizo hincapié en que la Administración tiene competencias para investigar estas políticas comerciales y, especialmente, cuenta con las leyes de la Competencia Desleal y de Ordenación del Comercio Minorista.
Por último, Agustín Rodríguez se lamentó de que “donde se refugia esta política abusiva de la gran distribución es en la ambigüedad de la norma. Asedas, la patronal de los supermercados, ha realizado, desde el año 2000, 134 denuncias por la presunta práctica de venta a pérdidas, de las que el 45 por ciento las ha recibido Carrefour, lo que demuestra que algo no funciona”. De ahí que haya reiterado: “Comercio tiene posibilidades para inspeccionar y contrastar si ha habido venta a pérdidas. El Gobierno, con sus instrumentos, lo puede hacer”.

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