La directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente, Rocío Espinosa, y el delegado de Medio Ambiente en Córdoba, Luis Rey, han mantenido hoy un encuentro en con miembros de las juntas rectoras de los tres parques naturales de la provincia de Córdoba (Sierra de Hornachuelos, Sierras Subbéticas y Sierra de Cardeña y Montoro)

El objetivo del encuentro ha sido explicar el contenido del decreto que establece el nuevo régimen general de planificación de usos y actividades para estos espacios en la comunidad autónoma. Este decreto, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, facilita los trámites burocráticos y establece normas comunes en los 24 parques naturales de Andalucía. El encuentro ha tenido lugar en el Jardín Micológico-Centro Andaluz de Micología “La Trufa” de Priego.
Los parques naturales de Córdoba ocupan una extensión superior a las 130.000 hectáreas y en ellos se ubican términos municipales de 15  municipios. El más extenso es el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, con una extensión de 60.032 hectáreas que albergan a los municipios de Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa. El Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro acoge a estos dos municipios y ocupa 38.449 hectáreas. El Parque Natural de las Sierras Subbéticas tiene una superficie de 31.568 hectáreas y en él se encuentran los municipios de Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.
La nueva normativa que regirá en los parques naturales  introduce medidas para reducir trámites administrativos a ciudadanos y empresas y afecta a un área de influencia socieconómica de 3,5 millones de hectáreas en Andalu-cía (el 40 por ciento de la superficie regional) integrada por 238 municipios y 2,7 millones de habitantes (el 36 por ciento de la población andaluza). Dicha normativa está orientada principalmente a mejorar y homogeneizar la gestión de los parques naturales.
El decreto salvaguarda las singularidades recogidas en los vigentes planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de cada parque natural, que seguirán prevaleciendo sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana en lo relativo a actividades en suelos no urbanizables. Además, mantiene la obligación de autorización previa para los proyectos urbanísticos, con la excepción de pequeñas obras de instalaciones de servicio y rehabilitación o reforma que no alteren el volumen edificado ni las características externas y no requieran proyecto técnico. En este caso bastará con la comunicación previa.
En cuanto a las medidas de simplificación administrativa, la nueva norma introduce disposiciones para reducir la carga burocrática, eliminar duplicidades, simplificar trámites y acortar los tiempos de respuesta. También se incorporan procedimientos abreviados de quince días para las autorizaciones de seis grandes bloques de actividades que anteriormente requerían trámites de dos meses. Junto a estos procedimientos, al decreto fija también otro conjunto de actividades para las que no se exigen autorizaciones sino solo comunicaciones previas. En todos los casos, la Consejería de Medio Ambiente pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta informática específi-ca de tramitación electrónica cuya creación también se recoge en la norma.