El tristemente conocido como Caso Almazaras entra en una nueva etapa tras el reciente anuncio de la apertura de juicio oral, decretado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego, a los presuntos acusados por los delitos de estafa, delito societario y falsedad documental.

Seis años después de que saliera a la luz pública la presunta estafa que había producido en el seno de la cooperativa de segundo grado Almazaras de Priego, los acusados Pedro J. Quesada Comino (ex gerente de Almazaras de Priego), Fermín Jiménez Valenzuela (presidente del Consejo Rector), Narciso Reina Jiménez (ex secretario del Consejo Rector), Aurelio Palomar Torralbo(tesorero del Consejo Rector), José Mª García Mellado (representante de la empresa Oleícola Granadina - OLIGRA), Francisco García Bolívar (representante de Oligra) y Enrique Fuentes Padilla (representante de la empresa Oleonostrum), deberán prestar declaración oral en la Audiencia Provincial de Córdoba, en una fecha aún por determinar, según recoge el extenso Auto fechado el pasado 8 de febrero.
Auto judicial en el que se recoge un amplio resumen de los hechos denunciados, así como los escritos de acusación de la Fiscalía y de las partes acusatorias (Almazaras de Priego, Almazeite y la S.C.A. la Purisima de Priego), incluyéndose también la parte dispositiva de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego.
Una noticia que en el seno de la asociación Almazeite, en la que se integran los afectados en el Caso Almazaras, ha sido recibida con una gran satisfacción, como así se refleja en la nota de prensa remitida el respecto, en la que se hace constar que seis años después de que se cometiera la presunta estafa, “vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados a parte de los presuntos culpables y/o responsables de un hecho que nunca debió de ocurrir y por el que aún se deben a las más de 2.000 familias afectadas gran parte de la cosecha de la campaña 2004/05”
Una satisfacción que para Almazeite es mayor si cabe, al comprobar en dicho Auto la gravedad de los delitos que se imputan, la importante cantidad de años de prisión que se solicitan por parte del Fiscal y resto de partes personadas como acusación, así como el pago de costas y la fianza de un millón de euros, a depositar en el plazo de un mes, que se les ha exigido a los todos los imputados en concepto de responsabilidad civil con el apercibimiento de ser embargados en el caso de no ser depositada.
Así y a la espera de que la Audiencia Provincial fije las fechas a celebrar el Juicio Oral en Córdoba, Almazeite hace constar en su nota de prensa que vuelve a reiterar y demandar la agilización del Caso Almazaras, “para que se tomen, donde correspondan, todos las medidas posibles para la pronta resolución positiva de este caso que afecta a tantas familias y a tantos agricultores humildes que sólo viven de lo que la tierra y su trabajo les da cosecha tras cosecha”.