Juan Carlos Jurado, Salvador Fuentes y Manuel Gutiérrez durante su comparecencia ante los medios. (Foto: Cedida) (Foto: Cedida)

El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios  de la Diputación de Córdoba, Manuel Gutiérrez, elevará al Tribunal de Cuentas el informe de la Intervención de Fondos de la institución, en el que se constata la existencia de irregularidades en la situación económica y financiera de la empresa provincial, con el fin de determinar la posible responsabilidad contable existente.

Asimismo, se formalizará denuncia ante la Fiscalía en relación con las irregularidades detectadas en las obras del Parque de La Carlota y en la firma de la póliza de crédito, por valor de 2.748.300 euros, ya que pueden ser, presuntamente, constitutivas de infracción penal.
Estos acuerdos, trasladados hoy al consejo rector del Consorcio de Bomberos, son el resultado de los estudios y análisis realizados por el interventor de la Diputación y el Servicio jurídico de ésta tras las irregularidades detectadas por el actual equipo de gobierno con relación a la existencia de impagos a la Seguridad Social desde 2003 o la ausencia de procedimiento en las obras de ampliación del parque de bomberos de La Carlota.
El vicepresidente primero en la institución, Salvador Fuentes, ha detallado los resultados del análisis de Intervención relativos a la deuda del Consorcio con la Seguridad Social (cuyo importe ronda los ocho millones de euros), así como al sistema de contabilidad llevado a cabo por el Consorcio, su financiación o el coste de la deuda.
Según Fuentes, los datos hablan de “mala praxis contable llevada a cabo y de un sistema de control interno muy deficiente y tiempos de recaudación muy mejorables”. Del mismo modo, ha insistido en que  “la imputación presupuestaria de la parte de la Seguridad Social es incompleta, arbitraria, insuficiente, con una temporalidad irregular e incomprensible, ya que parte de capitulo uno se dedica a capítulo dos”.
En este sentido, ha denunciado la imputación a “Gastos corrientes en bienes y servicios” de  los gastos comprometidos para trabajadores o el incremento de la partida de “Gastos diversos” para destinarla a catering, obsequios o regalos, a los que se llegaron a destinar 147.000 euros.
Además, el vicepresidente primero ha destacado que el informe detecta el no pago de un número importante de mensualidades a la Seguridad Social, la inexistencia de registros en el sistema de contabilidad de las corporaciones locales (EPRICAL) y la falta de aportaciones de los entes consorciados (ayuntamientos de la provincia) en tiempo.
De la deuda contraída por la empresa provincial con la Seguridad Social por impagos desde 2003, que supera los ocho millones de euros, Fuentes ha anunciado la próxima aprobación de “un plan de viabilidad en el que se contemplan dos posibles escenarios”. Por un lado, Fuentes ha explicado la posibilidad de realizar una aportación inaplazable de 650.00 euros de forma proporcional entre los consorciados (el 51 %  lo aportaría la Diputación y el 49 % restante los ayuntamientos) y aplazar el resto de la deuda (7.350.000 euros) también proporcionalmente.
Por otro lado, ha subrayado como alternativa el que la institución provincial se haga cargo del 51 % de la deuda (4.080.000 euros) con un pago inaplazable de 650.000 euros y otro pago aplazable por valor de 3.430.00 euros; y que los ayuntamientos hagan frente al 49 % restante con cinco anualidades desde 2013.
De la denuncia ante la Fiscalía, Fuentes ha indicado que se presenta por las irregularidades detectadas en la contratación de las obras del Parque de La Carlota “por la ausencia de procedimiento y porque el órgano es improcedente” y por la firma de una póliza de crédito en la que “se ha incurrido presuntamente en un delito de usurpación de personalidad pública en el caso de la secretaria, por lo que vamos a pedir responsabilidad penal y que se repare este quebranto”.
Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, ha trasladado a los efectivos de la empresa provincial un mensaje de tranquilidad,  haciendo hincapié en que “nos preocupa la situación de los trabajadores y el Consorcio y vamos a enderezar la situación. Hay que pagar la deuda a la Seguridad Social porque si no, van a perder los derechos relativos a todo ese período sin pagarse”.
Gutiérrez ha anunciado la propuesta de cese del interventor y el tesorero del Consorcio de Bomberos para su sustitución por parte de sus homólogos en la propia institución provincial. Además, ha indicado que hasta que el cambio se haga efectivo, será el actual gerente del Consorcio, Juan Carlos Jurado, quien asuma estas competencias.