José Luis Casas y Antonio Barragán durante la intervención de este último. (Foto: Cedida) (Foto: Cedida)

Antonio Robles durante su ponencia. (Foto: Cedida) (Foto: Cedida)

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Los modelos de liderazgo republicano durante el siglo XIX y la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas en Andalucía han centrado la sesión matinal de la segunda jornada del VII Congreso sobre Republicanismo en España, que desde ayer jueves se celebra en Priego.

El profesor Antonio Robles Egea, de la Universidad de Granada, ha sido el encargado de reanudar a primera hora de la mañana la programación, con una ponencia en la que ha analizado en profundidad los aspectos más destacados de los líderes republicanos de la centuria decimonónica. Un tema en el que como el mimo Robles apuntó, “todavía quedan muchos aspectos oscuros, ya que el liderazgo es un fenómeno complejo, fruto del conjunto de relaciones entre personas e instituciones”. Así y en cuanto a las características que pueden definir a personajes como Pi y Margall, Garrido, Castelar, Figueras, Salmerón, Ruiz Zorrilla y José María Orense, entre otros, el profesor Robles Egea ha hecho referencia a su dotes como oradores y grandes retóricos, siendo la mayoría líderes proactivos, aspecto este último que comienza a decaer tras el fracaso de la 1ª República, mostrándose la mayoría muy cercanos a sus seguidores.
Igualmente, Robles destacó la facilidad con la que en la actualidad se puede crear a un líder, “ya que existe una personalización de la política que no se daba en el siglo XIX”.
Por su parte, Antonio Barragán Moriana ha centrado su intervención en la Ley de Responsabilidades Políticas y su aplicación en los tribunales de Andalucía, desde su  aprobación el 9 de febrero de 1939 hasta su derogación en 1945. “Uno de los instrumentos fundamentales de la represión política de la Dictadura”, como indicó Barragán durante su exposición y que fue utilizado como un elemento sancionador contra quienes durante la II República y el transcurso de la Guerra Civil hubieran tenido alguna responsabilidad política o sus ideas fueran contrarias al régimen establecido tras el golpe militar del 18 de julio de 1936.

En este sentido, el profesor Barragán indicaba que según los últimos estudios realizados al respecto, en Andalucía se han contabilizado 58.501 expedientes relacionados con esta Ley, lo que provocó que en 1941 se colapsaran los Juzgados por el gran número de expedientes abiertos, la mayoría de los cuales procedían de localidades pequeñas, perteneciendo el 95% de los expedientes a varones, que en el 60% de los casos ejercían una profesión incluida en el sector Primario, fundamentalmente jornaleros y braseros, sectores más modestos de la sociedad.
Pese a los poco más de cinco años en los que permaneció en vigor, Barragán añadía que  el “botín” que supuso la aplicación de la Ley Responsabilidades Políticas se elevó a 115 millones de pesetas de la época, unos 43.000 millones de pesetas en la actualidad, incidiendo en la magna operación de exclusión social y política que supuso este texto legislativo, “reflejo de la cultura de la violencia desatada con el golpe militar de 1936”.