(Foto: Priego Digital.)

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han mantenido sendas reuniones en los últimos días para reforzar la coordinación entre la Administración autonómica y las entidades locales en la lucha contra el coronavirus. Entre las medidas en las que se están trabajando, destaca el refuerzo en el seguimiento del cumplimiento del aislamiento prescrito para ciudadanos que hayan dado positivo en Covid-19 o hayan sido contactos estrechos.

Dicho control se viene realizando ya de forma aleatoria en casos concretos de especial riesgo. No obstante, se extiende de forma generalizada facilitando a las Policías Locales los datos de los vecinos que deben realizar aislamiento en cada municipio para que los agentes puedan velar por el cumplimiento de las medidas de aislamiento, junto al resto de medidas de Salud Pública en vigor.

Para poder trasladar esta información de manera periódica, se ha puesto en marcha por parte del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) la app APEX. Gracias a ella, las Delegaciones Territoriales podrán informar de forma periódica a los policías locales qué vecinos deben cumplir aislamiento en cada municipio.

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, se les ha solicitado a todos los jefes de las Policías Locales de los municipios andaluces la firma de un documento de confidencialidad para que hagan uso de estos datos de forma estrictamente confidencial y únicamente con fines de Salud Pública. En el caso de que los municipios no dispongan de Policía Local, dicha información se coordinará a través de Subdelegación de Gobierno.

Sanciones económicas
Cabe recordar que, según el decreto sancionador aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, tiene consideración de infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en Covid-19.

Según dicho decreto, las sanciones graves suponen una multa desde 3.001 hasta 60.000 euros. A ellas se unen con sanción leve y una multa de 100 a 3.000 euros el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en Covid-19 pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado.