Ceballos, esta mañana durante su comparecencia en Priego. (Foto: Cedida)

El grupo popular en la Diputación de Córdoba llevará al próximo pleno de la institución provincial una moción en la que se propone la implantación de cajeros automáticos o multiservicios en municipios menores, ELAs y aldeas de la provincia.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en la Diputación, María Luisa Ceballos, en una comparecencia ante los medios celebrada esta mañana en Priego, en la que ha indicado que con esta iniciativa se intenta luchar con la despoblación que están sufriendo cada vez más más lugares del territorio nacional, “y que nos está afectando a muchos de los 77 pueblos de nuestra provincia”.

Según Ceballos, estas necesidades y las medidas que se tienen que poner sobre la mesa para dar respuesta a las mismas, “tienen que ser una realidad y no pueden quedarse en un eslogan ni en diferentes programas que lo único que hacen es cambiar de nombre pero que al final los fines son los mismos, la dotación económica es idéntica y que no llegan a ser contundente con un problema que ya estamos viviendo en la provincia”.

En este sentido y según la información del Banco de España, Ceballos indicaba que desde 2008 y hasta la actualidad, en Andalucía se han perdido 2550 sucursales bancarias, afectando de manera particular a las instaladas en poblaciones pequeñas.

En relación a la provincia, la portavoz del PP ponía de relieve que más de 14.000 personas de 10 municipios cordobeses, “no tienen acceso a un cajero automático ni a hacer ninguna gestión de pago de tribunos dentro de sus entidades financieras”, indicando que entre 2008 y 2016, en la provincia de Córdoba se perdieron 1.226 empleos en el sector de la banca, cerrando sus puertas en ese período así 200 oficinas y sucursales financieras, pasando de las 700 con las que contaba la provincia en 2008 a las 498 actuales.

Una situación que como afirmaba la portavoz popular, “provoca que más del 3% de la población cordobesa padezca la denominada exclusión financiara, no tienen ningún acceso a esta realidad financiera, un gran problema entre otros muchos incide en la despoblación”.

Como señalaba Ceballos, en 2007 el Defensor del Pueblo Andaluz planteó una queja y un informe relativo al cierre de las entidades bancarias en los entornos rurales, “trasladando a las diputaciones provinciales de Andalucía la petición de que tomasen las riendas en esta situación, planteando la realización de convenios con los diferentes municipios, con las entidades bancarias, para desarrollar la implantación de cajeros y la formación de los usuarios”.

Según la portavoz popular, su formación ha contactado y han visto y lo que se está haciendo en otras Diputaciones, afirmando que, “vamos muy detrás”, poniendo como ejemplo Almería o Granada, donde sus respectivas Diputaciones han instalado cajeros automáticos en pequeños municipios.

Para dar respuesta a esta realidad, el PP plantea en su moción poder utilizar espacios públicos como posible ubicación de estos cajeros, realizándose la formación oportuna entre los usuarios para el manejo de los mismos y que sea la Diputación la que aporte la cantidad necesaria para el mantenimiento de esos cajeros.

Para Ceballos, “es posible hacerlo, ya que en estos momentos en la provincia no son muchos los municipios afectados por esta realidad, reiterando que la función y la obligación de la Diputación, “es responder a las necesidades de los pequeños pueblos no solamente con eslogan sino con acciones legales”.

 

Vacunación en personal sindical liberado de Diputación
Por otra parte, Ceballos anunciaba que el PP solicitará que se tomen medidas disciplinarias y se investigue a los liberados sindicales del centro de disminuidos psíquicos de Alcolea que han sido vacunados en la Diputación de Córdoba, saltándose todos los protocolos.

En relación a este tema, Ceballos ponía de manifiesto que, “de la misma manera que hemos pedido la dimisión de los alcaldes socialistas que se han vacunado, de la misma manera que han salido los nombres de los alcaldes, consejeros y personal de los puestos directivos de los hospitales que también lo han hecho, tiene que salir el nombre de estos liberados sindicales y exigirles las mismas obligaciones que al resto del personal que ha obviado una situación tan difícil como ésta, pasándose por encima de cualquier directriz nacional”.

Según la portavoz del PP en Diputación,  “no podemos admitir estas situaciones con falta de vacunas para la población que más lo necesita”, señalando que en la información que se ha solicitado a Diputación sobre el particular, se indica que la vacunación de estos liberados sindicales, “se ha realizado para que, en el caso de producirse una situación de emergencia,  este personal pueda ser requerido para realizar trabajos dentro del centro de Alcolea”.

En la información facilitada, la portavoz del PP señala que hay 232 vacunados, 55 residentes y 177 trabajadores, entre los que se encuentran estos liberados sindicales, por lo que Ceballos apuntaba que desde el PP, “no podemos entender como personal liberado, que no realiza ninguna función ni tiene ninguna relación directa con los dependientes del centro de Alcolea, pueden saltarse todas las directrices y vacunarse a costa de muchas otras personas”.