Panorámica del salón de Pleno durante la sesión celebrada ayer jueves. (Foto: R. Cobo)

El Pleno de la Corporación municipal prieguense, en la sesión de carácter ordinario celebrada ayer jueves, aprobaba con los votos a favor del PP, una subida del 11,68% de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Durante la exposición del expediente, el presidente del Área de Hacienda, Antonio Navas, ponía sobre la mesa los argumentos que han llevado al equipo de gobierno a plantear esta modificación, señalando que desde el año 2015, «no hemos hecho ninguna modificación y desde Intervención nos han indicado que lo hagamos porque es muy necesario para poder contar con 800.000 euros para este ejercicio».

Según puntualizaba Navas, «el valor más repetido de la subida rondaría los 24 euros anuales por vivienda, lo que supone 2 euros al mes, pero sí es verdad que nos solucionaría el problema que se nos plantea desde Intervención».

Frente a tales argumentos, los grupos de la oposición mostraron su frontal rechazo a la propuesta, indicando en este sentido Vanesa Tauste, portavoz de IU-Unidas por Priego y Aldeas que, «si el mantra del PP es bajar impuestos, no me parece justo subirlos cuando se puede, sobre todo al tratarse de un impuesto no progresivo».

Por su parte, Santiago Martínez, de Vox, indicaba que, en programa político de su formación, «llevamos una bajada de impuestos, tanto del IBI urbano como del rústico, por lo que, con la que está cayendo ahora mismo, por pequeña que sea la subida, los vecinos la van a notar en el bolsillo».

Para el PSOE, la subida que plantea el equipo de gobierno, «creemos que es desorbitada», como así la definía Toni Musach, afirmando que su grupo político estaba de acuerdo con una subida de este impuesto, «pero de una manera progresiva», planteando un incremento del 2,75% anual durante los próximos cuatro años, ya que otra manera, y en contra de los que afirmaba el presidente del Área de Hacienda, «la subida media anual por recibo será de 40 euros».

Finalmente, la portavoz del PP, Virginia Bermúdez, confirmaba en sus palabras que, «no hay otra manera posible de sufragar los gastos del día a día, si no es con la propuesta que plantea el equipo de gobierno».

Tras las intervenciones de los portavoces, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, tomaba la palabra para recordar que, «sin subir los impuestos desde 2015, ha llegado un momento que no podemos estrujar más la situación para el día a día, ya que hay servicios prioritarios que tenemos que seguir prestando y esta subida nos permitirá tener en funcionamiento esos servicios».

Según Valdivia, «en relación al IBI, seguimos estando por debajo de municipios como Montilla o Puente Genil», añadiendo que la política económica del equipo de gobierno, «no pretende subir los impuestos, aunque lo que correspondería en estos momentos es que todos los impuestos municipales se actualizarán con el IPC», reiterando que la subida aprobada se destinará al funcionamiento del día a día del ayuntamiento y los servicios que se prestan por la administración local.

Junto a este expediente, el orden del día de la sesión plenaria también incluía varias modificaciones presupuestarias, la primera de ellas, que contó con el voto a favor de PP y Vox, el voto en contra de IU y la abstención del PSOE, se trata de una concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con bajas de otros créditos que se estiman reducibles, por un importe de 67.468,92 euros, cuyas cuantías más destacables son los 20.000 euros que el Consistorio aportará a la restauración de la ermita de la Aurora, los 10.000 euros destinados al mantenimiento del alumbrado público, y los 8.818,98 euros previstos para el mantenimiento e instalaciones de parking municipales.

La segunda modificación presupuestaria, aprobada por unanimidad, consistía en un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia por importe de 95.000 euros, destinados a sufragar facturas de energía eléctrica del alumbrado público.

Pero sin lugar a dudas, uno de los expedientes que más interés habían despertado durante los días previos, habida cuenta del malestar generado entre los residentes de varias aldeas del término municipal, era el relacionado con el nuevo borrador del reglamento que regulará el funcionamiento y elección de los alcaldes pedáneos tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, expediente que como indicó el alcalde, Juan Ramón Valdivia, se dejó sobre la mesa tras el acuerdo alcanzado en junta de portavoces. Pese a ello, Valdivia tomó la palabra abundando en la necesidad de explicar, en líneas generales, el contenido de dicho borrador, enumerando las funciones que son propias de un pedáneo-a, y haciendo referencia igualmente a, “la gran deslealtad con el equipo de gobierno y con los propios vecinos, que hemos tenido por parte de determinados pedáneos y que no están cumpliendo con su función, que no es otra que ser representantes de la Alcaldía e incluso al equipo de gobierno”.

De ahí que el alcalde anunciara la apertura de un período de escucha por parte de todos los colectivos implicados, abordándose en una futura sesión plenaria el contenido del citado reglamento.

El orden del día se completaba con la moción presentada por el PP contra la tramitación de una Ley de Amnistía, respaldada por Vox, votando en contra PSOE e IU, finalizando con los ruegos y preguntas, en los que se solicitó al equipo de gobierno las cuantías de las actuaciones del Mascarón y la Feria Real, la situación que presenta el cementerio de Lagunillas, la imposibilidad de acceso a la Escuela de Adultos de las personas con movilidad reducida, debido a las deficiencias que presenta en edificio en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, o la instalación de un ascensor en la casa-museo Alcalá-Zamora, entre otros.