Casas y Molina en la sede de los populares egabrenses. (Foto: José Moreno) (Foto: Cedida)

El secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha mostrado su satisfacción por la resolución aprobada el pasado 3 de febrero en la Comisión Europea sobre el almacenamiento privado del aceite de oliva ya que "supone 300 millones de euros de ingresos para España, de los que 250 serán para Andalucía y 60 millones para Córdoba”.

Además recordaba cómo el sector olivarero cordobés venía reclamando esta medida desde el año 2009 y, en poco más de un mes, "el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete ha conseguido que Bruselas autorice el almacenamiento privado del aceite de oliva", lo que para Molina pone de manifiesto el compromiso del PP con la agricultura española y deja en evidencia al PSOE, "con cuyo gobierno no existía ni un ministerio de Agricultura ni se nos respetaba en Bruselas, habiéndose perdido 8 años".
El secretario general del PP cordobés también hacía alusión como la diferencia de los gobiernos del PSOE y del PP en esta materia se hizo notar cuando en el año 2004, “la entonces ministra Elena Espinosa consintió una reforma del sector del olivar en contra de España o cómo Rosa Aguilar anunció, en su llegada al ministerio, que lo pintaría de verde y, sin embargo, no pintó nada en Europa”, no haciendo caso a las reclamaciones del sector sobre el almacenamiento privado”.
La portavoz del PP ha reprochado al PSOE que “hiciera política agraria a golpe de foto” y le ha pedido que tomen ejemplo de la gestión del Partido Popular que “en poco más de un mes, sin anuncios ni fotos, ha conseguido que el Comisario diga sí al almacenamiento privado”.
Molina hacía estas declaraciones en la sede de su partido en Cabra junto al delegado municipal de Agricultura Francisco Casas, quién tras calificar de vacía la Ley del Olivar de Andalucía al carecer de partidas presupuestarias, reclamaba una apuesta por la modernización real y eficaz del sector como un medio de fomento del empleo para las mujeres y los jóvenes en el mundo rural, la mejora de la renta agraria y la utilización de la eficiencia del agua, la despolitización del Consejo Andaluz del Olivar y la consecución de un marco voluntario de colaboración entre la administración y el sector olivarero.


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