Imagen del acto. (Foto: Cedida) (Foto: Cedida)

Técnicos municipales, secretarios de ayuntamientos y trabajadores de la Diputación de Córdoba han analizado, en el marco de la III Jornada Municipal de Urbanismo, el alcance y la aplicación del Decreto 2/2012, aprobado por la Junta de Andalucía para la ordenación de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.

Sobre dicho decreto, el delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal en la Diputación, Andrés Lorite, ha explicado que “no es una amnistía a las viviendas ilegales de la provincia, no significa que se vayan a regularizar el 100% de las parcelaciones o viviendas en suelo no urbanizable, lo que hace es regularizar u ordenar en qué situación se encuentra cada una de ellas”. Así, Lorite ha explicado que “se van a legalizar en torno a un 10% de las viviendas ilegales de Andalucía, a coste del propio propietario”. 

En cuanto al papel de la Diputación de Córdoba, el diputado provincial ha destacado que la institución “va a servir a los ayuntamientos de la provincia en la asistencia jurídica y técnica en esta materia”. De este modo, los ayuntamientos tendrán que realizar un inventario de las viviendas en esa situación, a cuya elaboración ayudará la institución provincial y, posteriormente, “les vamos a asistir jurídica y técnicamente para hacer los planes posteriores para ver la parte regularizable de esas viviendas ilegales”.

Finalmente, Lorite ha hecho hincapié en que “la Junta no ha hecho una ley de punto y final, los promotores serán los ayuntamientos y nosotros vamos a cooperar con ellos asistiéndoles para culminar con éxito el proceso que marca el decreto”.

La institución cumple, así, con su competencia de asistencia y cooperación con los ayuntamientos, informándoles sobre las complejidades que plantea el Decreto tanto del ámbito al que afecta como de las múltiples situaciones que regula.