Imagen de la sesión plenaria. (Foto: Cedida) (Foto: Cedida)

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La Diputación de Córdoba tendrá potestad para prestar asistencia consultiva y asesoramiento en materia jurídica y administrativa a los ayuntamientos de la provincia, tras la aprobación en el Pleno ordinario del Reglamento del Servicio Jurídico Contencioso. 

El portavoz del equipo de gobierno en la institución provincial, Andrés Lorite, ha explicado que este servicio es “nuevo” y se añade “al de representación y defensa a través de letrados en procedimientos judiciales que la Diputación ofrece a los ayuntamientos de la provincia. Así, se ofrecerá una asistencia jurídica, por primera vez, de manera integral”.

En este sentido, Lorite ha indicado que las funciones del ámbito de la asesoría serán “la contestación de consultas, comunicaciones, redacción de informes, dictámentes y propuestas de resolución”. Además, el personal con habilitación de carácter estatal, es decir los secretarios e interventores adscritos al Servicio Jurídico de la Diputación, podrá prestar funciones en cuanto a la tramitación y resolución de expedientes en órganos colegiados de los ayuntamientos. 

“Damos un paso fundamental. Desde la incorporación de este equipo de gobierno a la Diputación teníamos claro que debíamos centrarnos en fortalecer las funciones impuestas a las diputaciones provinciales, que son las de asistencia jurídica, técnica y económica”, ha agregado el portavoz. 

Asimismo, Andrés Lorite ha lamentado el retraso en la modificación de crédito del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012 por crédito extraordinario, suplemento, transferencia y baja de ingresos a causa de una serie de reclamaciones que han sido desestimadas. 

“Estas alegaciones presentadas por una única persona han supuesto que los ayuntamientos hayan perdido hasta 20 días en la percepción de determinados fondos vinculados a programas como el Plan de Empleo”, ha indicado Lorite. 

Por otro lado, el Pleno de la Diputación ha aprobado de manera unánime las dos proposiciones presentadas por los cuatro grupos políticos de la institución provincial (Unión Cordobesa, IU LV-CA, PSOE y PP). La primera tiene por objeto instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento de un convenio de colaboración aprobado en 2004 que contemplaba la construcción de 43 depuradoras, de las que a día de hoy faltan 13. 

La segunda proposición manifiesta el apoyo de la corporación provincial a favor de la continuidad de los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) y el personal directivo, y el rechazo a la extinción del programa.