Antonio Barriendos, concejal de Seguridad Ciudadana, esta mañana durante su comparecencia ante los medios. (Foto; R. Cobo) (Foto: Cedida)

La polémica generada por la publicación en distintos medios del contenido de la denominada Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha provocado que el concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Consistorio prieguense, Antonio Barrientos, se vea obligado a comparecer ante los medios para aclarar algunos aspectos de la nueva normativa de carácter local, actualmente en fase de presentación de alegaciones.

Una ordenanza, como apuntó Barrientos, “que no tiene afán recaudatorio, sino que persigue regularidad distintos aspectos para hacer más llevadera la convivencia entre los vecinos de Priego”, adelantando que tras su aprobación inicial en el Pleno del pasado mes de junio, “se han producido algunas alegaciones, por lo que habrá que valorarlas en una comisión y llevarlas a Pleno”.
Igualmente, Barrientos añadía que en el texto definitivo de la ordenanza no se ha reflejado correctamente el importe de las sanciones, “ya que se acordó reducir su importe”, añadía el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, que en este sentido apuntaba que la cuantía de las sanciones leves será de 100 a 500 euros, las graves de 501 a 1.500 euros, y las muy graves de 1.501 a 3.000, con al añadido de que si se abonan en período voluntario se aplicará un descuento del 50%.
Por otra parte y como ejemplo de que la ordenanza lo único que persigue es incrementar la convivencia entre los prieguenses, Barrientos puso de manifiesto que de los 145 artículos de los que consta el texto normativo, “la inmensa mayoría los cumplimos todos cotidianamente, aunque siempre hay alguien que no lo cumple, por lo que es necesario, para que se pueda sancionar, que dicha infracción esté tipificada”.
Finalmente, Barrientos afirmó que la ordenanza ha incluido numerosas peticiones formuladas por los ciudadanos al Consistorio, entre ellos los horarios de la basura, la normativa relacionada con perros, la regularización de las distribución de folletos y octavillas, así como la publicidad adhesiva, para lo que se habilitará una serie de lugares específicos para ello, la prohibición de los anuncios de venta de coches en la vía pública, a excepción de los particulares que así quieran hacerlo y que deberán acreditarlo en el Ayuntamiento.