Manuel Rodríguez, ayer en la sede de IU durante su comparecencia ante los medios. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, ha solicitado públicamente que el Equipo de Gobierno depure responsabilidades políticas en el caso de que el Consistorio prieguense deba asumir los 174.000 euros que Equidesa demanda en concepto de distintas actuaciones realizadas en la piscina municipal, cuyas instalaciones gestiona.

En una comparecencia ante los medios, el portavoz del grupo municipal de IULV-CA, Manuel Rodríguez, dio cumplida cuenta de la reunión de la comisión de seguimiento del contrato para la gestión de la piscina municipal celebrada el pasado martes, 23 de julio, comisión de carácter informativo, en la que se expusieron una serie de conclusiones, que como recalco Rodríguez, “estaban avaladas por informes elaborados por técnicos municipales”.
Según éstas, el portavoz de IULV-CA apuntaba que, “queda acreditado que se ha alterado sustancialmente el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Equidesa, sin cumplir las exigencias formales y de procedimiento y sin permitir al Pleno de la Corporación pronunciarse a cerca de las modificaciones”, que según Rodríguez, “es lo preceptivo”.
En relación a dichas modificaciones, el portavoz de la coalición de izquierdas hizo referencia a la “no ejecución de inversiones comprometidas”, acometiéndose por el contrario otras que han supuesto un incremento de 174.000 euros sobre el total de inversiones aprobadas por el Pleno. Modificación que según Rodríguez, “ha contado con el consentimiento tácito del gobierno municipal, como así ha reconocido el concejal delegado de Juventud y Deportes, que fue informado verbalmente por la empresa concesionaria del servicio”, contando también, según añadía, con la autorización expresa de la Junta de Gobierno Local, “que concedió licencia de obras para que estas inversiones fueran realizadas, en torno a mayo o junio de 2012”.
Como resultado de todo ello, Rodríguez hacía referencia a que la empresa concesionaria, Equidesa, “reclama al Ayuntamiento la compensación por las obras realizadas”, es decir, que asuma las inversiones que no están amparadas por el contrato y que se elevan a 174.000 euros.
De ahí que el portavoz municipal de IULV-CA incidiera en el incumplimiento del contrato, “a iniciativa de propia Equidesa, con el consentimiento del Concejal de Juventud y Deportes y de la Junta de Gobierno”, recordando que el Pleno de la Corporación no ha tenido la oportunidad de pronunciarse ni autorizar estas modificaciones del contrato, recordando que Equidesa, “reclama al Ayuntamiento que se haga cargo del pago de esos 174.000 euros, que no se contempla en el contrato inicialmente”.
Ante esta situación, Rodríguez señalaba que si la reclamación de Equidesa prospera y el Pleno se ve en la obligación de reconocer esta deuda como propia, “desde el gobierno municipal del PP se deberían depurar responsabilidades políticas por la omisión del deber de perseguir el cumplimiento del contrato entre el Ayuntamiento y Equidesa”, responsabilidad que según Rodríguez, “debería recaer sobre el concejal delegado del Área de Juventud y Deportes, encargado de supervisar el cumplimiento del contrato impulsado y promovido por él mismo”.
Igualmente, el portavoz del grupo municipal de IULV-CA recordó que Equidesa no satisface canon alguno al Consistorio por la explotación de las instalaciones de la piscina, recibiendo además una subvención anual de 130.000 euros.
Por otra parte, Rodríguez hacía alusión al anuncio hecho público por los representantes de Equidesa en el transcurso de la citada comisión informativa, de crear una empresa de contratación de personal, con la intención de que no existan trabajadores adscritos a un centro de trabajo fijo y sus empleados vayan rotando por las seis centros deportivos que en la actualidad gestiona la empresa, por lo que según añadía el portavoz de IULV-CA, “nos podríamos encontrar con la paradoja de que una empresa subvencionada por el Ayuntamiento, del que percibe 130.000 euros anuales, contrata a personas no domiciliadas en Priego con las consecuencias que eso tendría para el empleo local”.