La medida pretende impedir la creación de nuevas cuentas desde el 1 de septiembre de 2026. (Foto: Priego Digital.)

Francia ha dado el paso más contundente adoptado hasta ahora por un país de la Unión Europea para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. El Parlamento francés aprobó definitivamente el pasado 21 de julio una proposición de ley que prohíbe utilizar estas plataformas a los menores de 15 años, incluso cuando cuenten con autorización familiar.

La medida pretende impedir la creación de nuevas cuentas desde el 1 de septiembre de 2026. Las plataformas dispondrían hasta el 1 de enero de 2027 para comprobar la edad de quienes ya tienen un perfil y cerrar aquellos pertenecientes a menores de 15 años.

Sin embargo, la norma todavía no está plenamente cerrada. Más de 60 diputados recurrieron el texto ante el Consejo Constitucional los días 23 y 24 de julio, por lo que este organismo deberá decidir si la prohibición respeta los derechos fundamentales y la Constitución francesa antes de su promulgación. El recurso podría confirmar, modificar o retrasar su aplicación.

¿Qué plataformas quedarían prohibidas?
El texto alcanza a servicios como TikTok, Instagram, Facebook y Snapchat, además de otras plataformas que permiten publicar contenidos, participar en comunidades o interactuar públicamente con otros usuarios.

Quedan expresamente excluidas las enciclopedias colaborativas como Wikipedia, los repositorios educativos y científicos y las plataformas dedicadas al desarrollo y difusión de software libre. La aplicación concreta a servicios híbridos como YouTube, WhatsApp, videojuegos o aplicaciones de mensajería todavía presenta zonas grises que deberán aclararse durante el desarrollo de la norma.

La prohibición afecta al acceso a las redes sociales, pero no supone que los menores de 15 años vayan a tener completamente vetado el uso de internet.

La ley también prohíbe la publicidad de redes sociales dirigida específicamente a menores, incluso cuando sea difundida por creadores de contenido o mediante acuerdos comerciales. La promoción de estas plataformas deberá incorporar una advertencia sobre sus riesgos para los menores de 15 años.

Una primera ley que nunca llegó a aplicarse
Francia ya intentó establecer en 2023 una denominada mayoría digital a los 15 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios. Aquella regulación quedó bloqueada después de que la Comisión Europea planteara que podía entrar en conflicto con el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea.

El escenario ha cambiado desde que Bruselas publicara nuevas directrices sobre la protección de los menores en internet. Estas reconocen que los Estados pueden establecer edades mínimas para determinados servicios siempre que las medidas sean proporcionadas y compatibles con la legislación comunitaria.

La nueva norma francesa intenta apoyarse en ese marco europeo, aunque siguen existiendo dudas jurídicas sobre las competencias nacionales para sancionar directamente a las grandes plataformas.

El verdadero desafío: comprobar la edad sin identificar al usuario
La eficacia de la prohibición dependerá de que las plataformas puedan saber si una persona supera los 15 años. Las actuales casillas en las que el usuario introduce una fecha de nacimiento han demostrado ser fáciles de eludir.

La alternativa podría pasar por sistemas que acrediten únicamente que alguien supera una determinada edad sin entregar a la red social su nombre, documento de identidad o fecha de nacimiento.

La Agencia Española de Protección de Datos señala que las fórmulas más respetuosas con la privacidad funcionan mediante un comprobante digital anónimo. La plataforma recibe un "sí" que certifica que la persona supera la edad requerida, pero no accede a ningún otro dato personal.

Estos sistemas deberán ser precisos y resistentes a manipulaciones, pero también evitar la recopilación masiva de documentos de identidad o imágenes faciales. La propia AEPD advierte de que solicitar identificaciones o escanear rostros sin las garantías necesarias podría vulnerar los derechos de los usuarios.

Riesgos reales, pero un debate que no es completamente blanco o negro
La preocupación por el uso intensivo de las redes sociales entre los adolescentes cuenta con respaldo sanitario. La Organización Mundial de la Salud constató que el porcentaje de jóvenes con comportamientos problemáticos relacionados con estas plataformas aumentó del 7% en 2018 al 11% en 2022.

Estos comportamientos incluyen dificultades para controlar el tiempo de uso, abandono de otras actividades y consecuencias negativas en la vida cotidiana. El porcentaje alcanza el 13% entre las chicas y el 9% entre los chicos.

La OMS relaciona el uso problemático con menor bienestar, alteraciones del sueño y peores resultados académicos. No obstante, también reconoce que las redes pueden reforzar las relaciones sociales y el sentimiento de pertenencia cuando se utilizan de manera moderada y segura.

Por tanto, una prohibición por edad no resuelve por sí sola problemas como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos, la presión estética, la desinformación o los mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de conexión.

Educación digital, acompañamiento familiar, configuración segura por defecto y responsabilidad de las plataformas seguirán siendo necesarios, especialmente a partir de los 15 años.

¿Qué ocurrirá en España?
La decisión francesa no produce ningún cambio legal inmediato para las familias, los centros educativos o los jóvenes de España.

Actualmente, la legislación española permite que una persona mayor de 14 años preste su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. El Gobierno pretende elevar este umbral hasta los 16 años y ha anunciado una futura prohibición de acceso a las redes sociales para quienes no hayan alcanzado esa edad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en febrero que las plataformas deberán incorporar "sistemas efectivos de verificación de edad" y no limitarse a solicitar que el usuario marque una casilla. El Ejecutivo ha reiterado posteriormente su intención de establecer la mayoría digital en los 16 años, aunque la reforma continúa en tramitación parlamentaria y todavía no existe una prohibición española equivalente a la francesa.

Según datos citados por el Gobierno a partir de un estudio de UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, el 98% de los adolescentes españoles utiliza redes sociales y aproximadamente el 76% accede a tres o más aplicaciones.

Un debate que llegará a familias e institutos
Si España termina siguiendo el modelo francés, las consecuencias irán más allá del cierre de cuentas. Las familias tendrán que afrontar cómo gestionar la comunicación y la vida social de adolescentes que ya utilizan estas plataformas diariamente, mientras que los institutos deberán reforzar la alfabetización mediática, la prevención del acoso digital y el pensamiento crítico.

También será necesario evitar que la prohibición genere una falsa sensación de seguridad. Los menores podrían recurrir a cuentas de adultos, fechas de nacimiento falsas, redes privadas virtuales o plataformas que queden fuera de la regulación.

Francia ha abierto una puerta que probablemente cruzarán otros países europeos, pero la incógnita continúa siendo la misma: si es posible proteger eficazmente a los menores sin convertir la verificación de edad en un sistema de identificación general de todos los ciudadanos.