El PP solicitará en sendas mociones que la Junta de Andalucía asuma la financiación de los Planes Municipales de Vivienda, así como la no eliminación de las Diputaciones como así plantean PSOE y Ciudadanos en el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre ambas formaciones.
Como indicaba ayer en rueda de prensa la secretaria general del PP de Priego, Cristina Casanueva, y el Diputado Provincial, Juan Ramón Valdivia, ambas mociones serán presentadas por el grupo municipal del PP en el Consistorio de nuestra localidad, para su debate en la próxima sesión plenaria.
En relación al Plan Municipal de Vivienda, del que actualmente carece Priego, Casanueva indicaba que la Junta, en 2010, sacó una normativa que obligaba a los ayuntamientos a tener este Plan, enlazado a los Planes Generales de cada municipio, que en el caso concreto de nuestra localidad, su aprobación definitiva se producía en diciembre del pasado año 2015.
Por otra parte, Casanueva hacía referencia al Plan de Vivienda que el Ministerio emitía en 2015, así como el borrador para las alegaciones que en febrero de 2016 sacó la Junta. Documento este último en el que, en relación a las ayudas, se prioriza a los ayuntamientos que ya tuvieran un Plan Municipal de Vivienda, contando con él en el caso de la provincia únicamente Córdoba capital y Lucena.
Según Casanueva, tras la aprobación definitiva del Plan General en diciembre de 2015, el Consistorio prieguense comenzó la redacción del Plan Municipal de Vivienda, indicando que junto a la falta de financiación de la que se dispone en la actualidad para su realización, “tampoco se cuenta con el soporte técnico y personal que en un principio la Junta anunció que pondría a disposición de los ayuntamientos”.
De ahí que como añadía la secretaria general de los populares priguenses, durante el período de alegaciones, el PP ha solicitado a la Junta que estos planes fueran financiados, a través del Plan de Vivienda y Rehabilitación, por la propia Junta, o en todo caso, se dotase a los ayuntamientos de personal y material para su redacción.
Ante tales argumentos, Casanueva adelantaba que en la moción se plantea que se acepten las alegaciones planteadas por el PP para que se financie estos planes, “y que no sean un elemento discriminatorio a la hora de dotar de subvenciones a los ayuntamientos”, sobre todo porque en el caso de Priego, como así matizaba, “la necesidad de vivienda y de rehabilitación es muy importante”.
La segunda de las mociones que el PP defenderá en el próximo Pleno tiene como trasfondo la abolición de las Diputaciones Provinciales planteada por PSOE y Ciudadanos en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones políticas.
En este sentido, Juan Ramón Valdivia, indicaba que desde el PP, “no podemos consentir que se ponga en duda la utilidad y necesidad de las Diputaciones, sea quién sea quién las gobierne”, mostrando su extrañeza ante la actitud del PSOE en este tema, “ya que tanto en su programa electoral de las municipales como en el de las generales recogía de manera expresa una defensa de las Diputaciones”.
En este sentido, Valdivia solicitaba a los grupos políticos de Priego que se posicionen al respecto, “para conocer cuál es su respuesta sobre quién prestará los servicios que ahora prestan las Diputaciones, y que en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes son básicos y fundamentales”.
Por otra parte y aprovechando su comparecencia ante los medios, Valdivia criticaba el cambio de criterio de la Agencia Provincial de la Energía, en cuanto al porcentaje que los Ayuntamiento han de aportar a los proyectos que directamente promuevan. Según el diputado provincial del PP, esta aportación, en la anterior legislatura, con el PP al frente de la institución provincial, era del 15%, mientras que actualmente, tras la aprobación en el pleno del 17 de marzo de 2016, se ha incrementado al 35%.
En este sentido, Valdivia indicaba que por medio de la Agencia Provincial de la Energía, el Consistorio prieguense tenía previsto acometer el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS), lo que tras el incremento experimentado supondrá una aportación para el Ayuntamiento de 13.825 euros, frente a los 5.900 euros que se habrían aportado con el anterior criterio.
De ahí que a juicio de Valdivia, esta medida, este cambio de criterio, “no atiende nada más que a querer perjudicar a los municipios mayores de 20.000 habitantes, que en muchas otras ocasiones son los que mantienen servicios tan importantes como el de la extinción de incendios”.