Resulta urgente y de primera necesidad la participación ciudadana real en todo proceso de toma de decisiones en el ámbito de lo público. Más aún en temas medioambientales, ya que no solo es un derecho necesario para la calidad de vida de todos, sino y, además, porque España ratificó el 15 de Diciembre del 2005 el Convenio de Aarhus, así como la enmienda de Almaty sobre participación del público en todo el proceso de toma de decisiones por parte de las Administraciones en materia de Medio Ambiente.

El Secretario General de la ONU, Kofi Annam declaró: “Aunque de alcance regional, el significado del Convenio de Aarhus es global. Es con mucho la aplicación más impresionante del décimo principio de la Declaración de Río, que establece la necesidad de la participación ciudadana en los aspectos medioambientales y de que las autoridades públicas garanticen el acceso a la información medioambiental. Con ello representa la aventura más ambiciosa en el área de democracia medioambiental tomada bajo el auspicio de las Naciones Unidas”.
Tres pilares sostienen el Convenio, relacionados con tres derechos de la ciudadanía:
- Acceso a la información, tanto de forma activa (art.5) ya que las Administraciones
Públicas se obligan a difundir la información sin necesidad de acción o solicitud alguna por parte de las ciudadanía; como de forma pasiva al obligarse también a entregar la información solicitada por el público, individual o colectivamente, en el plazo máximo de 1 mes (ampliable a 2 meses si la información es compleja).
- Participación del público en la toma de decisiones (art 6 a 8 ), tanto en la autorización para determinadas actividades medioambientales como en la elaboración de planes o programas, e incluso en la elaboración de reglamentos. Esta participación ha de ser por tanto también pro-activa y no solo re-activa.
- Acceso a la justicia en materia medioambiental (art 9) tanto por la violación del derecho de acceso a la información como por la violación del derecho de participación.
Tal es la necesidad de democratizar realmente la gestión de lo público y la importancia en materia medioambiental, que el propio Convenio acuerda la creación de un Comité de Cumplimiento (Aarhus Convention´s Compliance Comitee (ACCC)) al cual cualquier ciudadano o colectivo puede denunciar el incumplimiento de este Tratado o Convenio (art.15).
Como no podía ser de otra manera, el Agua (cuyo acceso es Derecho Humano) y la gestión de los recursos hídricos entran dentro del citado Convenio o Tratado. No solo se recoge explícitamente en el art.2.3 a), sino que en su apartado b) cita específicamente los “análisis costes-beneficios y otros análisis e hipótesis económicas utilizadas en la toma de decisiones…”
Las Administraciones Públicas (incluidas las Locales) han de tomar las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones de la Convención relativas a la información, participación del público y acceso a la justicia. Así como establecer y mantener un marco preciso, transparente y coherente a efecto de aplicar las disposiciones. Además, se ha de procurar que los funcionarios y autoridades ayuden al público, permitiéndole el acceso a la información y participar más fácilmente en la toma de decisiones (participación pro-activa). El art 3.9 garantiza el acceso del público a la información y la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Esta participación incluye la planificación previa y diseño de alternativas para la toma de decisiones, hasta el punto de señalar “Cuando se inicie un proceso de tomas de decisiones, se informará al público….., de manera eficaz y en el momento oportuno…” . “Se adoptaran las medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aun posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real”.
Hay múltiples ejemplos de incumplimiento por parte de nuestros gobernantes de las Administraciones Locales de este Convenio-Tratado. No hemos de irnos lejos, ya que en Priego de Córdoba, durante el 2009 y 2010 se gestó la privatización de la gestión de los servicios municipales de Agua (Abastecimiento, saneamiento y depuración) sin el cumplimiento de la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones ni en la evaluación de alternativas a los problemas que en su momento se hubieran planteado.
Pero por desgracia, esta actitud es común en muchos otros municipios. Cuando Emacsa (Córdoba capital) decide que los 7 millones de € de beneficio en un año, obtenidos por la gestión del servicio de Agua se dediquen a “tapar” agujeros relacionados con otras “gestiones” municipales (lo que ha supuesto un sobrecoste efectivo para los usuarios de más de 11 millones de € ese año), aprobando un posible plan de inversiones sobre la red de alcantarillado para próximos años de 120 millones de € aproximadamente, la ciudadanía ni ha sido informada debida y eficazmente, ni ha podido participar en la toma de esta y otras decisiones.
Cuando Emproacsa decide repartir dividendos 4 millones de €, está traspasando a la Excma. Diputación de Córdoba esos millones de € para que ésta “tape agujeros” generados por cuestiones ajenas al servicio en cuestión, decisión que lleva un sobrecoste para los usuarios de casi 6,5 millones de €, para un servicio de por sí aparentemente caro.
Cuando Emasagra (15 municipios de Granada, incluida la capital), decide repartir 4 millones de € de dividendos, no solo beneficia a la empresa privada que realiza la gestión y que recibe parte de la cuota de esos 4 millones además del 13% del volumen de negocio por su “saber hacer”, sino y además, provoca un sobrecoste para los usuarios de los 15 municipios de más
de 7 millones de €. Y todo ello para que el Ayto. de Granada reciba una financiación extra de 2,4 millones de € para tapar los malos resultados de la gestión de otras áreas o asuntos.
Ejemplos de esta forma de actuar hay múltiples. Se dan en múltiples casos servicios públicos de las grandes entidades locales, que hacen de los mismos una fuente de financiación prostituyendo el sentido de la gestión de los mismos.
Y si profundizamos un poco más, nos encontramos que las empresas gestoras, dependientes de las entidades locales, están endeudadas. Y en vez de usar los pretendidos beneficios obtenidos a través de los sufridos usuarios, verdaderos rehenes de sus decisiones, para reducir deudas o realizar necesarias mejoras en las instalaciones de los servicios aumentando la eficacia de los mismos, se permiten el lujo de usar servicios básicos y vitales para otros menesteres y “necesidades”. Un ejemplo: Emasagra tiene concedido un préstamo sindicado por 23 millones de € aprox., de los cuales va a amortizar hasta 2019 una pequeña parte, dejando 20 millones pendientes de amortizar en los tres siguientes años. Curiosamente en 2019 hay elecciones municipales. ¿Cómo se puede explicar que repartan entre el Ayto. de Granada y el socio privado 4 millones al año (después de impuestos) y no se dedique ese esfuerzo de los usuarios a disminuir la deuda contraída? ¿Cómo se puede explicar que el Ayto. de Priego de Córdoba se esté plantean  o comprar las acciones del socio privado (posiblemente por un valor superior a su valor contable) y dejar al socio privado en la gestión del servicio, que en 6 años ha conllevado un “agujero” de 1,3 millones de € en vez de los prometidos beneficios de más de 2 millones en dicho periodo?. No crean que son casos aislados. Se reparten beneficios, encareciendo el servicio al usuario, aunque se tengan deudas pendientes con entidades de crédito y se necesiten inversiones para mantener y mejorar las instalaciones técnicas. El cortoplacismo, la necesidad de anteponer objetivos político-personales-partidistas al objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como la opacidad de la gestión de los servicios, incluso contra los Convenios Internacionales firmados, han llevado a esta nefasta situación.
Es absolutamente imprescindible que los servicios públicos sean gestionados con absoluta transparencia, y con participación proactiva del público (ciudadanía), tal y como obliga la normativa, si queremos que sean eficientes y eficaces, así como sustentables en el tiempo, generadores de riqueza y no empobrecedores de usuarios. Durante muchos años nos han demostrado nuestros políticos lo que son capaces de hacer con decisiones inadecuadas para los intereses de la ciudadanía. Ya es hora que, en el ámbito de los servicios públicos al menos, la transparencia y rigor, la participación pro-activa y no re-activa del público, se imponga como mecanismo normal en Andalucía. Nos va en ello nuestro futuro.