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El Pleno aprueba un nuevo programa de prestaciones económicas de los servicios sociales
Para la oposición, el documento necesita ser revisado para su adaptación a la normativa actual
Viernes 30 de diciembre de 2016 - 17:39
El Pleno de la Corporación municipal prieguense ha aprobado hoy un programa de prestaciones económicas de los servicios sociales municipales del Consistorio.
Un nuevo documento técnico que viene a sustituir al programa anterior, “que ya no se adapta a la realidad social” como así apuntó durante su exposición en el transcurso de la última sesión ordinaria del año la presidenta del Área de Bienestar Social, María del Carmen Pacheco. Junto a la cuantía económica de estas ayudas, el programa incluye los destinatarios a los que irá dirigido, la documentación necesaria para su solicitud y el procedimiento administrativo necesario para ello, destacando en este sentido Pacheco que pese a que el dictamen del Pleno no era obligatorio para su puesta en marcha, “hemos querido que sea lo más transparente posible”.
Pese a su aprobación por todos los grupos de la Corporación, desde la oposición se echó en falta datos “más concretos”, añadiendo en este sentido la andalucista Inmaculada Nieto la necesidad de estudiar la raíz de las carencias de las personas a las que va dirigido el programa, “para acometer medidas concretas al respecto”. Por su parte, Inmaculada Román, del grupo municipal socialista, calificó el programa como “obsoleto”, ya que determinados conceptos no se adaptan a la realidad, proponiendo su modificación y revisión para su adecuación a la normativa actual.
Junto a este expediente, que centró el grueso del debate político de la sesión, el orden del día se completaba con la modificación de la de la ordenanza fiscal número 4 (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras –ICIO) para el ejercicio 2017. En este sentido, como así expuso la presidenta del Área de Urbanismo, Cristina Casanueva, la propuesta, que contó con el voto a favor de PP, PA y Participa Priego y la abstención del PSOE, planteaba la actualización de los módulos, para que sea el colegio de arquitectos el que determine lo que cuesta hacer una obra, así como una bajada de los tipos –con una rebaja del 17% en la licencia de obras—y de las bonificaciones, en las que se incluye una amplia batería de conceptos que son bonificables.