Pérez, Mármol y Crespín, el pasado viernes en las dependencias de la residencia Arjona Valera. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

La secretaria de Organización del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz Soledad Pérez, y el secretario general del PSOE de Priego, José Manuel Mármol, participaban el pasado viernes en un acto informativo centrado en la campaña Conquistando Derechos, en el que dieron a conocer los pormenores de las leyes de atención a la discapacidad y la renta mínima de inserción social.

Previamente, y en declaraciones a los medios realizadas en la fundación Arjona Valera, los tres responsables políticos analizaron el contenido de estas nuevas leyes que han entrado en vigor recientemente y que, a juicio de Mármol, “han supuesto un avance en los derechos y conquistas sociales en Andalucía, mostrando como se puede gobernar de una forma distinta”.
Como apuntaba Mármol, “en Andalucía, el PSOE ha hecho posible que frente a los recortes del gobierno de Rajoy se pueda gobernar de otra manera poniendo en el centro a las personas”, destacando el compromiso de Susana Díaz, manteniendo y reforzando los servicios sociales de Andalucía, “que suponen creación de empleo, empleo estable, especialmente al colectivo de mujeres”.
En este sentido, el secretario general de los socialistas prieguense apuntaba que detrás de las políticas que se adoptan en las instituciones, “hay partidos que las proponen, que las defienden y tienen un compromiso firme para que la sociedad andaluza siga siendo un ejemplo firme para toda España”.
Otra forma de gobernar que según Rafi Crespín, “con las conquistas que se hacen en beneficio de los ciudadanos, se puede poner de manifiesto cuál es una forma de gobernar y cuál es otra”, en alusión a las pautas que sigue el gobierno de Susana Díaz y los recortes que practica el ejecutivo central.
En este sentido y en relación a la Ley de la Dependencia, Crespín recordaba que fue cuestionada por el PP, añadiendo que el gobierno andaluz está haciendo frente al 82% de su coste, “al tratarte de una Ley que viene a dar dignidad a las personas dependientes y a generar empleo”.
En cuanto a la Ley de Servicios Sociales, la secretaria de Organización del PSOE de Córdoba indicaba que con ella se normalizan los derechos de los ciudadanos, “y viene a hablar de solidaridad, no de caridad, ya que al contemplarse como un derecho está al alcance de todos los ciudadanos”.
En relación a la Ley de Discapacidad, Crespín añadía que pone el acento más en las capacidades que en las incapacidades, “hablando de accesibilidad a todos los niveles, fomentando su autonomía, de otras personas o de los sistemas, incidiendo por tanto en la inserción laboral”.
Ante esta “otra forma de hacer política”, Crespín se mostraba “orgullosa y feliz, de que el PSOE sirva a los ciudadanos desde los gobiernos”, añadiendo que le gustaría que, a nivel nacional, “también el PSOE fuera el partido que desde el Congreso de los Diputados llevara a cabo iniciativas que garanticen una salida justa de la crisis para todos y todas y ponga lo público como prioridad para la sociedad”.
Por su parte, Soledad Pérez ponía de relieve que cuando el PP accedió al gobierno central, “lo primero que hizo fue una Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que se traduce en recortes y no competencia, cerrando la puerta a los ayuntamientos, que no eran competentes en materia de servicios sociales y por lo tanto los alcaldes que no podían atender la pobreza, la necesidad, a las personas que necesitaban una atención social”.
Afortunadamente, Pérez afirmaba que esa puerta se abrió gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, “en la que se dijo que los Servicios Sociales sí podrían seguir siendo competencia de los Ayuntamientos”, afirmando que en Andalucía, “se dictó una Ley que blinda ese derecho de los Servicios Sociales a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes”.
En este sentido, Soledad Pérez apuntaba que en 2017, en Priego pasaron más de 2.800 personas por los Servicios Sociales, 125.000 en Córdoba, y un millón en Andalucía un millón, lo que para la parlamentaria socialista significa, “que la puerta está abierta para las personas que más lo necesitan”.
El primero de los derechos que contempla esa Ley, como puntualizaba Pérez, es una renta mínima de inserción social que entró en vigor el 1 de enero. Una prestación económica que va acompañada a un itinerario laboral.
Por último, Pérez catalogaba como “vergonzosas” alguna de las cifras que se desprenden de la aplicación de Ley de discapacidad y dependencia, a la que el gobierno central aporta solamente el 18%. En este sentido, la  portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz indicaba que el PP, “nos debe 650 millones de euros a los andaluces y andaluzas”, poniendo como ejemplo la aportación del Gobierno central a una plaza concertada en gran dependencia es de 190 euros/mes por persona, 84 en dependencia moderada, y 44 euros en dependencia leve, asumiendo la Junta la cantidad restante, que en el caso de la gran dependencia son plazas cuyo coste supera los 2.300 euros.