Hospital Infanta Margarita. (Foto: Cedida.)

La organización sindical CSIF ha condenado la agresión sufrida el pasado jueves por dos vigilantes de seguridad en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. El sindicato señala que el suceso tuvo lugar sobre las 19.30 h en las consultas médicas del citado centro sanitario cuando ambos profesionales se desplazaron, a requerimiento de la auxiliar de seguridad, para dar respuesta a una situación de desorden público provocado por un paciente que, mediante insultos y amenazas, mostraba su rechazo a acatar las normas establecidas para estar en el hospital.

CSIF informa de que, una vez personados en el lugar de los hechos, los dos vigilantes intentaron que la persona en cuestión se calmara, solicitando que volviese a su habitación y abandonara su actitud agresiva, una petición que el paciente no solo no atendió, sino que se abalanzó sobre ellos para agredirles con puñetazos y con un palo de una escoba que cogió del carro de limpieza del centro. Uno de los profesionales fue golpeado en la espalda con este elemento. 

A continuación, el usuario amenazó a los vigilantes con golpearles con un extintor que cogió de la pared Ante esta situación de riesgo para ellos y para el resto de las personas allí presentes, los profesionales de seguridad se vieron obligados a reducir al agresor, recibiendo de este escupitajos y diversos golpes. A raíz de todos estos hechos, los dos vigilantes tuvieron que recibir atención médica, estando ambos  de baja desde entonces por las contusiones recibidas.

El responsable del Área de Seguridad Privada de CSIF Córdoba, Rafael Fernández Barba, ha destacado la profesionalidad de los dos actuantes ante hechos tan lamentables y denuncia “las continuas agresiones de los agentes de seguridad privada, ya que entre muchos quehaceres del día a día está la de llamar la atención a los usuarios de los centro sanitarios por no cumplir las normas establecidas, unas actuaciones que originan en algunos pacientes o familiares actitudes violentas hacia ellos”.

CSIF demanda al Ministerio del Interior, ante estas situaciones, la consideración de los profesionales de la seguridad privada como agentes de la autoridad para no encontrarse indefensos y sin una protección jurídica frente a estos ataques.