(Foto: CSIF.)

La organización sindical CSIF, la más representativa en las administraciones públicas, convoca una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario.

Desde CSIF se valora el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas, un movimiento que según el sindicato, “se debe gracias a la presión de nuestra organización, trasladando el sentir de miles de mutualistas y sus familias, que han visto comprometida su atención sanitaria”. 

Por este motivo, CSIF ha decidido mantener las medidas de presión, “hasta que conozcamos un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de nuestros mutualistas”.

La convocatoria de huelga afecta a más de medio millón de personal funcionario de toda España y a más de 10.000 personas en Córdoba en diferentes ámbitos, como es el caso de la Educación Pública o la Administración General del Estado (AGE). 

Desde ya, los delegados sindicales de CSIF convocarán asambleas informativas en los centros de trabajo, en las que se compartirá la preocupación por este problema. CSIF lamenta el perjuicio que se pueda generar sobre los ciudadanos, “pero nos hemos visto obligados a elevar el tono de la protesta por los graves perjuicios generados sobre los mutualistas y sus familias, dado que se está jugando con su salud”, se señala desde la organización sindical.

 

Por otra parte, CSIF recuerda que, a diario, “nos siguen llegan centenares de quejas por anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, debido a esta falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras. Por esto, CSIF ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse”.

De manera paralela, CSIF asesora a las personas afectadas por esta situación para que eleven su queja tanto a Muface como a las aseguradoras y en su caso, les respaldará en las acciones jurídicas que correspondan, en la vía administrativa, civil o penal.

Asimismo, emplazan al Gobierno a que aborde esta cuestión y exigen la convocatoria inmediata del Consejo General de Muface para analizar la situación, que publique el informe elaborado por la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno tampoco ha hecho público. Desde CSIF, además “exigimos al Gobierno que presente de una vez por todas una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario, con una asistencia de calidad que nuestros mutualistas han dejado de recibir”.