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CCOO se opone a la privatización de los registros civiles, pasando el servicio a los registradores de la propiedad
El servicio, que hasta ahora es gratuito, pasaría a tener un coste de entre 10 a 40 euros y significaría la pérdida sólo en Córdoba de 30 puestos de trabajo si se lleva a cabo esta reforma
Jueves 30 de enero de 2014 - 17:18
CCOO ha mostrado su oposición frontal al anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que podría ser aprobado en junio de este año y que pondría en peligro el empleo de 30 personas sólo en Córdoba. Así, las funciones relativas al Registro Civil pasarán a los cerca de 1.000 registradores de la propiedad existentes que han visto disminuidas sus tareas considerablemente en los últimos tres años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
En los Registros Civiles se encuentran destinados más de 3.000 empleados y empleadas públicas, desarrollando una función fundamental para los ciudadanos y ciudadanas de este país. De hecho, CCOO recuerda que el servicio público que se presta en los Registros Civiles es gratuito y se ofrece en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, algo que estaría en peligro en caso de privatizarse.
En Andalucía, la situación es aún peor, ya que la Junta de Andalucía tomó la decisión hace un año de cerrar los registros civiles por las tardes, lo que ha contribuido al colapso de los registros civiles en Córdoba.
CCOO ha exigido al Ministro de Justicia en una carta el mantenimiento de los Registros Civiles como servicios ofrecidos de forma exclusiva por personal de la Administración de Justicia, ya sean secretarios judiciales o, en su caso, personal del cuerpo de gestión procesal y administrativa. Igualmente, CCOO ha solicitado a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que vuelva a abrir los Registros Civiles por la tarde.
Por todas estas razones, CCOO ha puesto en marcha hoy una campaña en la que se va a informar a la plantilla y a los usuarios de los Registros Civiles sobre la importancia de mantenerlos en el ámbito de la Administración de Justicia.