La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía ha reclamado el control de la Administración Pública de la Junta de Andalucía en la gestión municipal de los fondos transferidos para el pago de las ayudas de servicios sociales y para la dependencia después de advertir que, dada la situación económica, “los consistorios pueden tener dificultades en la prestación de estos servicios públicos”.

El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha recordado que la pretensión es que, además de comprobar el certificado que manda la intervención municipal, “se cree una caja exclusiva para estos fondos, vinculando el abono del mismo por parte de la Junta de Andalucía a que se acredite el pago de las nóminas de los empleados públicos que los prestan”. Además, la Administración andaluza transfiere con antelación estos fondos, “con el objetivo de que los municipios no tengan que detraerlos de las arcas generales”, ha apuntado Mena.
Para CCOO, el servicio de ayuda a la dependencia es una de las prestaciones reconocidas en la Ley de la que actualmente se benefician en Andalucía más de 260.000 dependientes con derecho reconocido a una prestación, pero solo la recibían ya 182.392. El número de prestaciones es mayor que el de beneficiarios, en concreto 244.051, “porque en Andalucía son compatibles servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio con los centros de día o las residencias de mayores”, reseña Mena.
Para el sindicato, la deuda viva de los ayuntamientos andaluces de más de 50.000 habitantes, “alcanza los 100 millones de euros, lo que supone un 15% más de endeudamiento con respecto al ejercicio anterior”. Además, alrededor del 56% de las prestaciones concedidas en Andalucía, “están relacionadas con los servicios (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia y centro de día), frente al 44% que representan las prestaciones económicas”, destaca CCOO.
El sindicato ha señalado que la crisis económica "no debe suponer un obstáculo para el desarrollo de la atención en servicios sociales", y el Gobierno andaluz debe priorizar, por encima de cualquier otra cosa, las políticas sociales públicas, porque todo lo que sea atención y prestaciones a las personas "no puede esperar", ha apostillado Mena.