Un total de 565 personas recibieron en España la prestación de ayuda para morir durante 2025, según el informe provisional presentado por el Ministerio de Sanidad. La cifra representa el 0,13 % de los fallecimientos registrados en el país —uno de cada 750— y eleva a 1.668 las personas que han ejercido este derecho desde que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor, hace cinco años.
El balance refleja un aumento sostenido de las solicitudes: se han registrado 3.716 desde la aprobación de la norma, 1.284 de ellas en 2025. Ese año finalizaron 1.187 procesos, de los que el 47,7 % concluyó con la prestación; 157 terminaron en denegación (13,2 %) y 91 en revocación de la solicitud (8 %).
Diferencias entre comunidades
La distribución territorial es desigual. Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, situada en 2,61. Le siguieron Navarra (5,41) y País Vasco (5,13), y también superaron la media La Rioja, Illes Balears, Cantabria, Asturias y Canarias.
Más solicitudes por cáncer, más prestaciones por causas neurológicas
El perfil clínico revela un contraste. Las patologías oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales (el 37 % del total), pero son las enfermedades neurológicas la causa principal en las prestaciones finalmente realizadas, con el 46 %, frente a en torno al 30 % de las oncológicas.
Cifras muy inferiores a las de otros países
España se mantiene muy por debajo de otros países con leyes similares. La tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13 %, frente al 5,96 % de Países Bajos, el 5,10 % de Canadá o el 4 % de Bélgica. En volumen, las 565 prestaciones de España contrastan con las 16.499 de Canadá o las 10.341 de Países Bajos. Los datos se presentaron en una jornada de balance clausurada por la ministra de Sanidad, Mónica García.