Inicio de la asamblea general de Almazeite celebrada el pasado martes. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El salón de actos del CEP Priego-Montilla acogió el acto. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

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Más de seis años después de que el 25 de julio de 2005 la cooperativa de segundo grado Almazaras de Priego interpusiera la querella inicial contra el que hasta mayo de ese año había sido su gerente, el proceso iniciado contra los “presuntos” culpables de esta estafa sigue su lento discurrir.

Aquella querella sirvió para sacar a la luz pública la “descontrolada” y hasta cierto punto “caótica” gestión contable de Almazaras de Priego, que afectó a las aproximadamente 2.000 familias de la comarca, agrupadas poco tiempo después en la asociación Almazeite, colectivo que a día de hoy sigue luchando para que se haga justicia y el tristemente conocido como Caso Almazaras, no caiga en el olvido y los afectados puedan recuperar los casi 7 millones de euros que aún se les adeuda de la campaña 2004-2005.
Dentro de ese espíritu reivindicativo que ha caracteriza a la asociación desde su creación, el pasado martes el salón de actos del CEP Priego-Montilla acogía una asamblea general de sus integrantes, en la que se plantearon las líneas a seguir en los próximos meses y cuyo objetivo no es otro que continuar con esta reivindicación.
Así y entre los asuntos aprobados, se acordó solicitar una entrevista con la Alcaldesa de Priego, con la intención de hacerle llegar que Almazeite continúa luchando para que se aclare esta presunta estafa, aprovechando la ocasión para trasladar el malestar de la asociación por la lentitud que sigue teniendo en el Juzgado el Caso Almazaras, solicitando de nuevo su ayuda y colaboración, así como la de toda la Corporación prieguense, así como el permiso necesario para colocar en el balcón del Palacio Consistorial y en varias calles de la localidad pancartas alusivas a la situación actual del caso. En este sentido, cabe apuntar que en una próxima asamblea, cuya celebración está prevista en breve, se acordará llevar a cabo un nuevo acto reivindicativo por parte de Almazeite, con la intención de que la demanda de los afectados no caiga en saco roto.
Por otra parte, el portavoz de la asociación, Francisco Calvo, en declaraciones a Priego Digital en los prolegómenos de esta asamblea, indicaba que en estos momentos, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego, para asegurar posibles responsabilidades civiles que pudieran imponérsele a los imputados en la querella contra la empresa granadina Oliera, ha decretado una serie de embargos, al no presentar los imputados la fianza de un millón de euros en el plazo requerido. Así, en estos momentos al ex gerente de Almazaras, P.Q.C., le ha sido embargada parte de un inmueble; a F.G. B, de la empresa Oligra, una finca urbana de 163 m2 y un aparcamiento en la misma finca de 2.151,93 m2, mientras que J.M.G.M., también de la aceitera granadina, en junio de 2011 se decretó su insolvencia. Los embargos también afectan a 2 fincas urbanas en Priego propiedad de N.R.J., integrante del antiguo consejo rector de Almazaras, al que también pertenecían A.P.T., al que se le han embargado 11 fincas rústicas, 1 finca urbana y  la liquidación de su aceituna en la campaña 2010/11, y F.J.V., sobre el que se decretó el embargo de 13 fincas rústicas, 2 fincas urbanas y la liquidación de su aceituna en la campaña 2010/11, recurriendo estos dos últimos antes el Juzgado sus embargos.

Reseñar que el único imputado en esta querella del que no existe constancia de que se haya decretado el embargo de alguna de sus propiedades es E.F.I.
Por otra parte, el portavoz de Almazeite hacía constar que en estos momentos se está estudiando por parte del ministerio fiscal, el delito y la pena que se le imputa al ex director de la Caja Rural de Fuente Tójar, F.M.G.M., sobre el que existen una serie de pruebas que lo harían responsable de la falsificación de la firma del tesorero de Almazaras de Priego, con la que se abrió en enero de 2005 una cuenta en dicha sucursal bancaria en la que se realizaron operaciones de dudosa legalidad por valor de 23 millones de euros.
Finalmente, Francisco Calvo incidía en la “preocupante” paralización que vuelve a sufrir el caso, demandando por tanto una mayor celeridad en los procesos judiciales iniciados para que, poco a poco, se haga justicia con los afectados, que más de seis años después, albergan esperanzas de que los culpables cumplan su pena.