Cristina Casanueva y María Luisa Ceballos durante su comparecencia ante los medios. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El Consistorio prieguense ha procedido a la regulación y adjudicación de la mayoría de las viviendas sociales protegidas que existen en Priego.

Un problema que el PP encontró cuando accedió al Gobierno del Consistorio prieguense, como así ha indicado en rueda de prensa la Alcaldesa de nuestra localidad, María Luisa Ceballos, “ya que el registro de vivienda protegida prácticamente no tenía inscripciones de ningún tipo, cuando en otras localidades las reclamaciones de vivienda son muchas”, a lo que Ceballos añadió que la empresa adjudicataria de la construcción de viviendas protegidas en la zona del Camino Alto, “había desistido al no existir reclamaciones de demandas viviendas, lo cual nos extrañó muchísimo”, matizó la Alcaldesa..
Según Ceballos, en la actualidad el Ayuntamiento es propietario de 24 viviendas sociales en la zona de La Atarazana, inmuebles realizados por la antigua empresa municipal GESVIP, a las que hay que unir otro bloque de 24 viviendas, propiedad en este caso de EPSA, en régimen de alquiler, así como otros dos bloques situados en Los Almendros de 28 y 26 viviendas cada uno de ellos, también en régimen de alquiler. Junto a estas 102 viviendas, la Alcaldesa prieguense matizó que el Ayuntamiento había recibido de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, algunas viviendas que ésta tenía en proceso de desahucio, así como otras que se encontraban vacías en el edificio de Avenida de Granada, también en régimen de alquiler, o las que se encontraban en régimen de tanteo y retracto en los edificios de la Avenida de la Juventud, Fuente del Rey y Jerónimo Sánchez de Rueda.
Ante esta situación “insostenible”, como fue calificada por la propia Alcaldesa, se mantuvieron una serie de reuniones con EPSA para regularizar el tema, indicando en este sentido Ceballos que las 24 viviendas de titularidad municipal cuyos contratos se firmaron en el año 2000, “no sólo no se encontraban regularizadas después de extinguirse la empresa GESVIP, sino que durante los últimos diez años, prácticamente no se había pagado la renta”, lo que según Ceballos ha supuesto que el Consistorio prieguense ha dejado de percibir 100.000 euros en la última década.
Junto a esta circunstancia, la Alcaldesa apuntaba que han sido varias las personas que habían entrado en dichas viviendas, “por lo que a día de hoy no sabíamos ni quién estaba viviendo en ellas”, situación que se agravó cuando la empresa encargada del cobro de los alquileres dejó de hacerlo, “y por parte del Ayuntamiento no se hizo nada para seguir cobrando los recibos”, añadió Ceballos.
Así, Ceballos puso de manifiesto que lo primero que hizo el Ayuntamiento para afrontar esta problemática fue conocer el número exacto de viviendas de carácter social que existen en Priego, cuáles tenían contratos y cuales otras se encontraban en situación irregular, realizándose una comunicación a los vecinos de La Atarazana para que regularicen su situación.
En este sentido, la Alcaldesa prieguense anunciaba que se habían firmado 20 contratos de las 24 viviendas existentes, asumiendo cada uno de ellos igualmente el reconocimiento de la deuda existente acumulada en los últimos 10 años, pactándose en los próximos días con cada uno de los inquilinos, las condiciones más adecuadas para asumir unas deudas que oscilan entre los 4.000 y los 8.000 euros.
Una vez superado este trámite, Ceballos adelantaba que el siguiente paso será cubrir las viviendas que queden libres, tanto las de titularidad municipal como aquellas otras que pertenecen a EPSA, contándose en este momento con 50 personas baremadas en el registro de demandantes de vivienda, en cumplimiento de la normativa autonómica y municipal sobre este tipo de vivienda.
Para la adjudicación de estas viviendas que se encuentran vacías o que podrían estarlo en un futuro, Ceballos adelantó que se constituirá una comisión técnica de vivienda, que será el órgano encargado de la baremación de aspirantes y la posterior adjudicación.