Rafi Obrero y Javier Ibáñez, esta mañana durante su comparecencia ante los medios. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

La vicesecretaria de Políticas Sociales y parlamentaria andaluza del Partido Popular (PP) de Córdoba, Rafaela Obrero, ha anunciado hoy en Priego que la Junta pretende eliminar en nuestra región 2.800 plazas concertadas y no ocupadas en los centros de atención personalizada para personas mayores y personas con discapacidad, de las que 190 se eliminarían en Córdoba.

En su comparecencia ante los medios, Obrero analizó las principales consecuencias del borrador que el pasado mes de agosto presentó la anterior consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y sobre el que ahora trabaja la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Junto a Obrero, el portavoz de la Junta Local del PP prieguense, Javier Ibáñez, recordaba que en estos momentos, en nuestra localidad existen 35 plazas libres en distintas residencias, de las que 17 son de la residencia Geiss’96; 9 de la Unidad de Estancia Diurna Ntro. Padre Jesús Nazareno; 6 de la residencia Arjona Valera; y 3 de la residencia gestionada por la Fundación Mármol.
Según Ibáñez, de aprobarse este decreto, “en Priego nos podríamos encontrar con un problema bastante grave, ya que la Junta no pagaría a estos centros los 888 euros por plaza que se pagan en la actualidad, dejando de percibir 31.080 euros”.
Una política, la del ejecutivo andaluz, que como señalaba Ibáñez, “sigue recortando por los más débiles, aunque nos quieran vender otra moto”, apuntando que un buen ejemplo de ello es los aludidos recortes en las residencias de ancianos.
Un borrador que como apuntaba Rafi Obrero, “ha creado una alarma social”, ya que en el caso de su aprobación, “se producirá la pérdida de 2.800 plazas públicas concertadas y no ocupadas en los centros de atención personalizada para personas mayores y con discapacidad”, añadiendo que esta orden, “viene a dar la extremaunción a mucho centros residenciales, rematando su dramática situación derivada de los continuos pagos por parte de la Junta”.
Como apuntaba la parlamentaria del PP, con la medida en la que trabaja la Consejería, “la Junta dejará de pagar el 60% del precio de las plazas que actualmente han ingresado a todas las residencias”, lo que según Obrero provocaría la pérdida de las antes señaladas 2.800 plazas, de las que unas 190 se encuentran ubicadas en la provincia de Córdoba, recorte cuya estimación económica, según los populares, ronda los 2,4 millones de euros en toda Andalucía, de los que 170.000 euros corresponderían a Córdoba.
Igualmente, Obrero hacía referencia a que la nueva normativa, “evitará la entrada de más dependientes en el sistema de atención asistencial de centros asistenciales en base a la Ley de Dependencia”, pese a existir en Andalucía, como así añadía, “54.221 personas con derecho a una prestación y que no la están recibiendo”.
Ante esta situación, Obrero demandó a la Junta que frene la puesta en marcha de este proyecto de orden, ya que en caso contrario, será el propio Gobierno autonómico el responsable de la desaparición de muchos centros y residencias de mayores.