La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 270 desahucios en la provincia de Córdoba en sólo un año. “El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha cumplido el objetivo con el que nació, que era que las personas que acuden a nosotros como último recurso para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades financieras”, ha resaltado la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María de los Santos Córdoba. Estos datos, ha subrayado la delegada, “demuestran fehacientemente que cuando un Gobierno, en este caso el andaluz, abandona la equidistancia, rompe la neutralidad y se pone de parte de las víctimas de la crisis, es posible hacer políticas realmente útiles”. 

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de la oficina, y el 30 de septiembre del presente año, el Programa ha abierto en Córdoba un total de 350 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 61 personas, el 17,4% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de su derecho a la vivienda.
La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 270 familias han sido atendidas en esta fase, el 77,2%, y todas han conseguido evitar su desahucio. “Son familias que tienen voluntad de pagar, pero que no pueden hacerlo porque no disponen de los ingresos suficientes. Gracias a la intermediación de la Consejería, estas personas siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las entidades financieras”, ha señalado Córdoba. “Estas familias, que acuden a nosotros como último recurso cuando ya están en situación de riesgo, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio gracias no sólo a nuestra intermediación, sino fundamentalmente a su determinación de defender su derecho a la vivienda”, ha añadido la delegada de Fomento y Vivienda. 
De estas 270 familias, 66 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita. 
En esta misma fase de intermediación, 204 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.
“Estos resultados reflejan que la política sí es capaz de cambiar las cosas a favor de los trabajadores siempre que exista compromiso. No obstante, este balance en ningún caso debe llevar al triunfalismo, porque los problemas de fondo de muchas de estas familias están todavía lejos de resolverse y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor”, ha dicho Córdoba. “Estas oficinas son una herramienta paliativa. El mango de la sartén de los cambios normativos determinantes lo tiene el Gobierno central”, ha añadido la delegada, que ha instado al Ejecutivo a “dar una solución de fondo a las miles y miles de familias cordobesas que han quedado atrapadas en la estafa financiera e hipotecaria”.
La Consejería que dirige Elena Cortés “ha apurado al límite sus competencias contra los desahucios con la Ley para Asegurar la Función de la Vivienda, que sí constituye una herramienta transformadora que incide en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía que hay en Andalucía”, ha abundado la delegada, que ha reclamado al Gobierno que “apure el diálogo” con la Junta y “abandone la idea” de presentar un recurso contra dicha norma en el Tribunal Constitucional.