Una ola de “externalización” asoló y asola nuestra tierra. La gestión privada (o mixta) del ciclo integral del agua ha provocado, y provoca, serios dolores de cabeza a los “gestores” de lo público que intentan ser nuestros representantes políticos.

Obviamente, la supuesta necesidad de financiación del Ayuntamiento ha llevado a este tipo de decisiones que, como se ha demostrado, implican un significativo aumento del coste del servicio “externalizado” ya que, a la postre, el ciudadano soporta no solo esa “financiación” atípica sino además sus intereses y los correspondientes beneficios empresariales del gestor privado.
No acaba aquí el holocausto económico para el ciudadano. No contentos con el perjuicio económico-social que, a entender de la mayoría de la población, se ha llevado a cabo (justificándolo por las ya consabidas necesidades de financiación al mantener situaciones de “desequilibrio” difícilmente entendibles en el gasto municipal), muchos Ayuntamientos, incluido el nuestro, ponen sobre la mesa la necesidad de “externalizar” otro monopolio natural: el servicio de Cementerios.
El servicio de Cementerio es público y como todos los servicios públicos tiene como principal objetivo satisfacer los intereses generales. Constituye un servicio obligatorio a prestar por el Ayuntamiento (bien directamente, bien mediante concesión administrativa, bien mediante empresas mixtas, o incluso mancomunadamente con municipios adyacentes). Cuando un servicio público se realiza a través de Sociedades (mixtas o privadas), las cuentas anuales son formuladas de acuerdo a las exigencias mercantiles, y la información que ofrecen solo permite advertir el equilibrio financiero de forma conjunta, sin discriminar las diferentes actividades (abastecimiento, alcantarillado, depuración, riegos, …, en el caso del agua; actividad funeraria, cementerio, floristería,..., en el caso de los servicios a los difuntos).
El cementerio es un servicio público de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, mientras que los servicios funerarios han de desarrollarse por ley en libre competencia. La exigencia de un canon elevado sobre la cifra de negocio en la externalización del servicio de cementerios incide directamente en los precios a los ciudadanos. Resulta contradictorio que los Pliegos de Condiciones de muchas concesiones establezcan como criterio de gran importancia al seleccionar al adjudicatario el incremento de dicho canon. Si añadimos que el Ayuntamiento muchas de las veces no dispone de estudios fiables de costes, ni sabe si las tarifas vigentes son o no suficientes para el equilibrio financiero exigible, el conflicto queda servido a pocos años vista. Como siempre, la solución pasará por que el ciudadano pague no solo la deficiente previsión de los costes del servicio, sino además, el beneficio del gestor privado y los intereses devengados por un “déficit” que no se explica a la sociedad de forma clara y transparente. La supervisión  por parte del municipio de los costes reales del servicio “externalizado” se hace imposible al no imponerse en el Pliego de Condiciones como obligación la presentación periódica de estudios, memorias y/o liquidaciones que permitan la fiscalización de todas y cada una de las actividades desarrolladas de forma diferenciada.
En su momento, la Comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas, al analizar el Informe de Fiscalización de la Gestión de Servicios Funerarios y de Cementerios, no solo concluyeron lo anteriormente expuesto en los párrafos anteriores, sino que además, ponen de manifiesto dos cuestiones de extrema importancia: Por un lado que ningún Ayuntamiento que presta directamente el servicio de Cementerios elabora una memoria sobre el coste y rendimiento de este y otros servicios públicos (memoria que es obligatoria según el art. 211 de TRLHL), por lo que resulta imposible determinar el déficit o superávit de cada actividad; por otro lado, la Comisión concluye que el precio para el ciudadano es mayor cuando éste se oferta mediante concesión (gestión privada en cualquiera de las modalidades) que cuando la gestión es directa por parte del Ayuntamiento.
Este mismo informe recomienda a las Administraciones proteger al usuario para que obtenga servicios adecuados y equilibrados en relación al servicio que satisface.  Que se eviten conductas de los operadores (en su caso) restrictivas de la competencia en servicios funerarios, y que otorguen mayor seguridad y transparencia a los usuarios.
Ya en la anterior Corporación Municipal, el Pleno no solo aprobó y puso en funcionamiento la Empresa Mixta Aguas de Priego (cuya gestión parece no ser respaldada por la mayoría de los ciudadanos y que ha creado un enorme “socavón” financiero cuyo coste vamos a saldar los usuarios), sino que también aprobó la gestión privada del cementerio, que no se llevó a cabo debido al parecer a la “quiebra” de parte de la sociedad privada creada a tal efecto. Aparentemente la voluntad de la actual corporación y del equipo de gobierno puede ser la de reactivar esta “concesión” para externalizar el servicio del cementerio en nuestra ciudad, lo que puede constituir un segundo holocausto económico para el ciudadano en lo que a servicios públicos municipales se refiere. ¿Volverán nuestros representantes políticos a tropezar en la misma piedra?¿Con que justificación?.
No solo se culpa a los ciudadanos (o a parte de ellos) de perjudicar los intereses y la gestión municipal por atreverse a publicar datos veraces sobre la situación real existente, sino que además, se permiten nuestros políticos no abrir un debate público sobre la conveniencia o no de externalizar la gestión del Cementerio.
¿Que pensará el ciudadano cuando vaya a llevar flores al cementerio, a visitar a sus seres queridos, y le cobren por poder colocarlas en  su tumba? (es un ejemplo). ¿Que pensarán los trabajadores de las funerarias cuando sean despedidos por la falta de actividad económica debido a la competencia en condición privilegiada de la empresa adjudicataria? ¿Y las floristerías?. ¿Tendremos que ver como cierran negocios ya tradicionales en nuestra ciudad (con el consiguiente aumento de paro) tal y como parece estar pasando con los gimnasios, debido a una posible obstinación política?
¿Realmente nuestros representantes políticos defienden los intereses de los ciudadanos de Priego?
Puede ser, solo puede ser, que si se adquiere el terreno para un nuevo cementerio, se ejecutan las obras necesarias para su puesta en marcha según sea necesario, y se ponen a la venta parte del suelo (en derecho a largo plazo) para aquellas familias que puedan y quiera disfrutar de un Panteón Familiar (por ejemplo), ….., puede ser que en este caso y con otras pequeñas posibles medidas, no sea necesario externalizar el servicio municipal y obtener mediante gestión directa del Ayuntamiento un servicio de calidad a coste efectivo adecuado.
¿Se lo imaginan Uds.?