La Administración Pública ha de servir con objetividad los intereses generales de acuerdo con el principio de eficiencia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Además de los citados criterios de eficiencia, ha de regirse por el principio de servicio a los ciudadanos, lo que les obliga a impulsar economías sostenibles en sus competencias.

Una de las competencias de la Administración Local es el servicio de aguas, que incluye el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la depuración. Entendiendo eficiencia como la relación entre recursos utilizados y logros conseguidos (eficacia al mínimo coste) y sostenibilidad referida también explícitamente a la medioambiental, no cabe más que acordar que ni lo uno ni lo otro es característico del modelo actual de gestión del servicio.
La toma de decisión sobre la continuidad de un modelo o una nueva forma de prestación implica un estudio previo sobre su conveniencia y oportunidad, siempre buscando la gestión más eficiente y sostenible. Las concesiones solo tienen sentido si contribuyen a lograr esta eficiencia aportando innovación para ello, valorándose el menor impacto ambiental, el ahorro y uso eficiente del agua y la energía y los materiales.
La remunicipalización del servicio de aguas aún no ha entrado a ser debatida en profundidad por nuestros representantes políticos. Los años pasan y, aparentemente el equipo de gobierno anterior y el actual no encuentran el modo y tiempo de definir el modelo de gestión más adecuado para nuestra ciudad. La gran preocupación es solo mantener un equilibrio económico-financiero de la actual empresa proponiendo subidas de tarifas poco explicables. Empezar la casa por el tejado no es buena señal de que se estén defendiendo los intereses públicos, sino más bien, alerta al ciudadano sobre el continuismo de las “formas de hacer” de los gestores de lo público…., esas formas basadas en todo vale, siempre que mis intereses político-personales sean satisfechos y pueda “venderse” una gestión para obtener rentabilidad política. Esto es más serio. Hipotecamos el futuro de muchos vecinos, estrangulamos la economía local, traicionamos la confianza depositada…., a cambio solo de aparentar que se hace algo y que no hay otra solución. ¡¡Basta ya!!.
¿Qué objetivos busca una posible remunicipalización del servicio público? (Agua otros): Un mejor uso de los recursos, un mejor rendimiento en el tiempo de la inversión que se realiza, un mayor respeto al medio ambiente y una mayor rentabilidad social.
La tendencia actual es la vuelta a la gestión directa de los servicios públicos por parte de los Ayuntamientos, o a través de empresas de capital 100% municipal. Esta tendencia deriva de dos consideraciones, una económica y otra social. En primer lugar ya hace tiempo que quedó demostrada la mayor eficiencia de la gestión pública que la privada en servicios como el Agua. Por otro lado, determinados servicios públicos esenciales han de ser gestionados con criterios de rentabilidad social (y no solo económica). El coste efectivo de los servicios no es igual al coste real de los mismos.
La gestión indirecta de los servicios públicos (modelo actual del servicio de aguas en Priego) ha de superar el incremento inicial de Costes (margen operacional, IVA,…) que puede llegar a suponer un sobrecoste de hasta el 30% sobre la prestación material del mismo. Los costes tienden a incrementarse por la maquiavélica aplicación del principio de mantenimiento del equilibrio económico de los contratos. Y los problemas de control de la gestión suelen ser grandes, pues frente al escaso personal municipal se encuentra una empresa especializada no solo en la gestión, sino en aspectos jurídicos y económicos del contrato firmado.
Hay claros ejemplos a nivel internacional y nacional de remunicipalización de servicios públicos. Así, el Ayuntamiento de Valladolid re municipalizó la limpieza viaria y recogida de basuras, y, además de haber obtenido certificado de calidad con el nuevo modelo de gestión, ha conseguido un servicio un 50% más barato que otras ciudades con la gestión indirecta (como León, por ejemplo). En Valladolid pagan por este servicio 67,37€/año (en León 145,73). Hagan una simple cuenta: si pagáramos como en Valladolid, ahorraríamos 20€/año cada recibo, lo que supondría más de 250.000€/año que los vecinos tendríamos para gastos normales y ayudarían a estimular la actividad económica local. No es nada, y es mucho, ya que si sumas los ahorros en todos los servicios, y además añades la fuerte subida de impuestos (IBI principalmente) de los últimos 6 años, podemos asombrarnos con cifras superiores a los 2,5 millones de € anuales para activar el consumo y la economía local.
Además, los servicios re municipalizados tienden a consumir en las poblaciones en que realizan su actividad, mientras que los servicios gestionados externamente generan riqueza fuera de las poblaciones a las que sirven. Gran pérdida de riqueza para Priego supone el actual modelo de gestión de muchos de los servicios públicos existentes.
Volviendo al caso de León, durante los últimos 22 años, debido a la presión continua de la empresa privada que gestiona el servicio, se ha producido un aumento media anual del 5,5%, acumulándose hasta un 325% de subida desde que se hizo cargo del mismo. Algo parecido podremos encontrarnos en Priego con el servicio de Aguas, ya que el socio privado tenderá al aumento de tarifas de forma continua, ya que además de ofrecer el servicio, tiene como objetivo obtener el mayor beneficio posible, como es lógico.
El Tribunal de Cuentas del Sector Público Local, en 2013, ya indicó que la limpieza viaria (por ejemplo) cuando es privatizada es un 71% más cara que la gestión pública de la misma.
El Tribunal de Cuentas Europeo, por ejemplo, también en 2013, indica que la viabilidad económica real calculada mediante relación costes-beneficios basada en costes, en la realidad es considerablemente inferior en muchísimos proyectos, llegando a valorar en más del 50% de los proyectos sobre viabilidad de Autopistas los casos en que dicha viabilidad teórica no era real. En el caso de Aguas de Priego, el proyecto inicial contemplaba que al 2015 (tras los 5 primeros años de gestión), la empresa habría tenido un saldo positivo de 757.292€, y la realidad es que tiene más de 550.000€ de déficit acumulado. Se produce una desviación de más de 1,3 millones de € en estos 5 primeros años, que sorprendentemente, informe tras informe, provenga de donde provenga, se intenta justificar siempre con un menos ingreso que lo previsto, pero no por la enorme desviación producida en los costes del servicio y que habrá que aclarar antes o después.
Recomendamos desde estas líneas la lectura del interesante libro: “Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas”, donde se analizan los casos de Paris, Dar es Salaam (Tanzania), Buenos Aires, Hamilton (Canadá) y un grupo de municipalidades de Malasia. Las conclusiones son más que interesantes: fracaso de la privatización de la gestión del servicio de aguas a nivel mundial; acceso desigual a lo que constituye un derecho humano; incumplimiento sistemático de las inversiones y calidad del servicio de los gestores privados; incumplimiento medioambiental; escandalosos márgenes de beneficios (Aguas de Barcelona en 2008 obtuvo 353 millones de € beneficios netos, tras impuestos); …
No cabe tratar al ciudadano como consumidor del agua y a ésta como mercancía. Las compañías privadas así lo hacen, y anteponen los beneficios a corto plazo a la sostenibilidad del servicio a largo plazo. Es un servicio, y el vecino un usuario del mismo. La remunicipalización demuestra que el sector público puede superar al sector privado y constituirse en un efectivo proveedor de agua en cualquier lugar del Mundo. La remunicipalización ha llevado a servicios más equitativos, más transparentes, más eficaces, de mayor calidad y más sostenibles a largo plazo. En Paris, por ejemplo, tras el 1 año de remunicipalización se produjo un ahorro de 35 Millones de €, y se bajaron las tasas un 8%. En Hamilton tras los 3 primeros años de gestión 100% municipal, se ahorraron 6 Millones.
No deben entender nuestros políticos la remunicipalización como una frontera en la que chocan las nociones de servicios privados y públicos, sino como una forma de repensar el significado de lo público. El propio Banco Mundial hizo una llamada a “repensar” las políticas de privatización y reconoce el problema de regulación de proveedores multinacionales de agua y los efectos del modelo privado de prestación del servicio con fines de lucro sobre los trabajadores, familias de bajos ingresos y medio ambiente. Ejemplos en nuestra ciudad: En el Plan de Saneamiento propuesto por nuestro Ayuntamiento para Aguas de Priego, se pretende disminuir el número de trabajadores de la empresa (algo inaceptable desde nuestro punto de vista); En Priego en 2014 se produjeron más de 1100 avisos de corte del servicio por impago; Los volúmenes captados y distribuidos en 2014 por la empresa fueron de más de 2,8 millones de m3, frente a los 1,87 millones que se comprometieron a captar en su propuesta de viabilidad, hecho que, además de constituir un incumplimiento del rendimiento de la red, supone un alto exceso de coste del servicio, así como un enorme coste medioambiental. (Recordamos que el Pacto Social por el Agua Pública firmado el 21 de febrero del presente año, entre otras cosas establece la protección de los trabajadores, dándose la casualidad de que se trata de una plantilla mínima para escasamente atender el mantenimiento generado en nuestra población incluida la atención al público, a realizar de manera adecuada incluyendo un teléfono para tal fin, sin sobrecoste según establece la ley).

* Documento Pacto Social por el AGUA PÚBLICA firmado ante la ciudadanía por todos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones

* Documento “Matizaciones” del Partido Popular al anterior documento Pacto Social Por el Agua Pública en Priego de Córdoba.
Muchos Ayuntamientos se plantean re-municipalizar no solo el servicio de aguas, sino todos los servicios públicos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, …), analizándolos uno a uno. Unos casos, al acabar el contrato, al llevar ya muchos años externalizado el servicio, y en otros, cancelando los contratos asumiendo el posible coste económico que supone la medida al ser menor que el coste de mantener el modelo de gestión privada.
Para terminar, vamos a reiterar la absoluta certeza que tiene este grupo de vecinos de que las desviaciones producidas en la empresa se deben principalmente a la desviación en los costes:
1º Que la desviación de 1,3 millones sobre la propuesta inicial en estos 5 años de servicio hace necesario plantearse la validez del modelo existente.
2º Que el servicio público municipal 100% (tanto de aguas como otros) bien gestionado es el modelo más eficaz, eficiente, transparente, de mayor calidad y socialmente sostenible de los posibles.
3º Que el Ayuntamiento ha de dar superávit contable a la actual empresa y viabilidad mientras dure a través de asumir los intereses de la deuda de 4,16 millones que no se usaron para mejorar las infraestructuras del servicio, así como la devolución de los 173.000€ cobrados en exceso al 30/09/2010.
4º Que dar sostenibilidad y viabilidad a la actual empresa no pasa por subir las tarifas, ni por modificar las condiciones del contrato existente (posible ilegalidad) si lo que se pretende realmente es cambiar el modelo de gestión.
5º Que no cabe buscar ahora refinanciar la deuda existente si no es para abonar los derechos del socio privado y re-municipalizar el servicio, ya que hacerlo solo para dar supuesta viabilidad a la empresa supone entorpecer esa posible remunicipalización.
6º Que no cabe prescindir del principio de riesgo y ventura en los términos de la oferta formulada por el socio privado, ya que desnaturaliza la licitación al sustituir dicho riesgo y ventura por costes “reales” de explotación de la concesión.
7º Que no se debe modificar la tarifación vulnerando el principio de igualdad tarifaria, sino que, y en su caso, se debe estudiar con profundidad un sistema tarifario socialmente aceptable y sostenible.
8º Que el interés público ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración, y que éste no ha de confundirse con intereses políticos-partidistas, ni con intereses del Ayuntamiento como institución.
No está justificada ni la subida de tarifas, ni las medidas propuestas para la sostenibilidad de la empresa.
El Ayuntamiento ha de aceptar sus responsabilidades y asumir sus gastos a través de los impuestos progresivos y socialmente más justos, y no a través de consumos de servicios públicos.
Ante la más que probable aprobación de las medidas propuestas por el actual equipo de gobierno, no queda a este grupo ciudadano más que, o impugnar tales decisiones vía judicial, incluyendo el Tribunal de Cuentas, o simplemente esperar a que dentro de 3 años, y previo a las siguientes elecciones municipales, el plan de viabilidad haya vuelto a modificarse con distintos argumentos y las subidas acumuladas hagan reaccionar a la población. Lo que si podemos asegurar al lector es que, mantener el actual modelo, tal y como parece querer el PP y PSOE en la actualidad, tendrá graves consecuencias económicas para los usuarios del mismo y para el propio Ayuntamiento.