Instalaciones de la EDAR de Priego de Córdoba. (Foto: Cedida.)

A través de una nota de prensa, el Consistorio prieguense ha dado a conocer la obligatoriedad de cumplir la Ordenanza de Vertidos para proteger la salud pública y el entorno natural, intensificando la vigilancia contra los vertidos ilegales a cauces y la red de alcantarillado.

Dicha ordenanza incide en la prohibición expresa de vertidos de aguas residuales, así como de residuos sólidos o líquidos que puedan dañar la red, perjudicar la depuradora o afectar a la calidad ambiental de los cauces, no descartándose sanciones a través de multas, suspensión de actividad o retirada de licencias. 

El comunicado destaca que todas las edificaciones, industrias o explotaciones, ya sean públicas o privadas, que viertan o vayan a verter aguas a la red de alcantarillado, deben contar con la correspondiente autorización municipal. En el caso de los vertidos de origen industrial, será obligatoria una autorización específica de vertido expedida por el Ayuntamiento, cuya solicitud deberá presentarse de forma paralela a la licencia de actividad.

A los efectos de la citada Ordenanza se establecen una serie de definiciones básicas relacionadas con los vertidos y la red de saneamiento, incluyendo conceptos como aguas residuales (domésticas, industriales y pluviales), vertidos residuales, autorizaciones de conexión y de vertido, acometidas, descargas prohibidas y elementos de la red de alcantarillado público. 

La nota añade que en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local, se van a realizar controles específicos en distintos puntos del término municipal para detectar vertidos ilegales y garantizar el cumplimiento de la normativa.
 

Cabe reseñar en cuanto a infracciones por el incumplimiento de la Ordenanza, que éstas se clasifican en leves (apercibimiento o multas de hasta 150 €); graves (multas de hasta 900 € y posible suspensión de la actividad durante un año); y muy graves (multas de hasta 1.800 €, suspensión de la actividad por dos años o retirada de la licencia municipal)

Además de estas sanciones, la normativa incide en que los responsables deberán reparar los daños ocasionados y resarcir económicamente tanto al Ayuntamiento como a la empresa pública Central de Aguas, en su condición de Ente Gestor de la Depuradora, así como a los particulares afectados. 

El ayuntamiento insiste en que los vertidos no autorizados tienen un efecto directo muy negativo en la EDAR (depuradora) de Priego de Córdoba, ya que alteran los procesos de depuración y elevan los costes de mantenimiento; generando efectos indirectos muy dañinos para nuestro entorno natural, poniendo en riesgo la calidad de los cauces, la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos. Por ello, se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y empresarial para cumplir la Ordenanza y proteger la salud pública, garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento y preservar el entorno natural.

El texto completo de la ordenanza puede consultarse AQUÍ