Subdelegación del Gobierno en Córdoba. (Foto: CSIF.)

La puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de extranjeros aprobado por el Gobierno central podría provocar un “riesgo de colapso” en los servicios públicos de Córdoba, ante la falta de personal suficiente para afrontar el incremento de expedientes.

Así lo advierte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que señala que esta medida, activa desde el 1 de abril y con plazo hasta el 30 de junio, supondrá la tramitación de cientos de miles de solicitudes en toda España, con un impacto directo en organismos clave de la provincia como la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El responsable del sector de la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, Vidal Muñoz, subraya que “las plantillas actuales no están suficientemente dimensionadas para asumir este incremento extraordinario de trabajo”, lo que podría traducirse en “retrasos, saturación de los servicios y un deterioro de la atención a la ciudadanía”.

Según explica, el procedimiento se divide en dos fases: una primera centrada en la recogida de solicitudes y una segunda en su tramitación. En el caso de Córdoba, gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial y en la gestión documental inicial.

 

Desde el sindicato se critica además la “falta de concreción” por parte del Gobierno respecto a posibles refuerzos de personal en la provincia. Esta incertidumbre, apuntan, abre la puerta a la posible externalización de servicios, algo que rechazan al tratarse de la gestión de “datos especialmente sensibles que deben contar con supervisión directa de personal funcionario”.

Muñoz también pone el foco en la situación de las oficinas de Extranjería, donde existe inquietud entre los trabajadores, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de solicitudes, pese a que posteriormente serán los encargados de gestionar las renovaciones derivadas del proceso.

Ante este escenario, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas en todos los organismos implicados, la no externalización del servicio, la adopción de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir los empleados públicos.

“Insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”, concluye Muñoz.