Señalización de una zona de bajas emisiones. (Foto: Cedida.)

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones en España, con el objetivo de garantizar que las restricciones a los vehículos más contaminantes se apliquen realmente y no queden reducidas a una delimitación de calles sin consecuencias para quienes incumplan las normas.

La reforma establece que los municipios obligados a implantar estas zonas deberán contar con un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que retrasen su aplicación, además de sistemas de control que permitan comprobar el cumplimiento de las restricciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico justifica la modificación por las deficiencias detectadas durante los primeros años de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones en distintas ciudades españolas. Entre los problemas identificados figuran moratorias prolongadas antes de comenzar a multar, áreas sin restricciones reales para los vehículos más contaminantes y delimitaciones que apenas modificaban las condiciones de circulación existentes.

Qué cambia con la nueva normativa
Hasta ahora, algunos ayuntamientos habían establecido zonas de bajas emisiones, pero mantenían periodos informativos o de adaptación durante los cuales los conductores podían acceder sin recibir sanciones. Con la reforma aprobada, los municipios tendrán que demostrar que estas zonas funcionan de manera efectiva.

Para ello, deberán acreditar documentalmente que se aplican las prohibiciones o limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según su potencial contaminante. También tendrán que justificar el funcionamiento de los sistemas de control de accesos, vigilancia y seguimiento de la contaminación.

Las ordenanzas municipales deberán recoger y aplicar el régimen sancionador establecido en la legislación estatal de tráfico, sin establecer moratorias que retrasen indefinidamente las multas. La modificación no supone que todos los vehículos tengan prohibido circular por estas zonas: las restricciones concretas dependerán de las ordenanzas de cada municipio y de los criterios ambientales aprobados.

Córdoba capital y Lucena, entre los municipios de la provincia afectados
En la provincia de Córdoba, la obligación general afecta a los municipios que superan los 50.000 habitantes, entre ellos Córdoba capital y Lucena. Los ayuntamientos deberán garantizar que las zonas de bajas emisiones se ajustan a la normativa estatal y que sus restricciones producen resultados medibles sobre la contaminación.

Entre las medidas que pueden establecerse figuran limitaciones de acceso para determinados vehículos en función de su etiqueta ambiental, restricciones de estacionamiento y sistemas de vigilancia mediante cámaras. La reforma también pretende reforzar la seguridad jurídica de las entidades locales, de manera que las ordenanzas municipales cuenten con criterios claros y suficientes para su aplicación.

Mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones
Las zonas de bajas emisiones forman parte de las medidas previstas en la legislación española para reducir la contaminación atmosférica procedente del transporte. Su finalidad es limitar la exposición de la población a los contaminantes generados por el tráfico, especialmente en las áreas urbanas con mayor circulación de vehículos.

El Ministerio considera que la implantación efectiva de estas zonas también puede favorecer el transporte público, los desplazamientos a pie y en bicicleta y la recuperación de espacios urbanos para los peatones. Además, el cumplimiento de los requisitos podrá utilizarse como referencia en los programas de financiación destinados a mejorar la movilidad sostenible y la transformación digital del transporte urbano.

La reforma busca, en definitiva, que las zonas de bajas emisiones dejen de funcionar únicamente sobre el papel y cuenten con restricciones y controles efectivos. Para los conductores, esto supone que deberán prestar especial atención a las normas de acceso de cada ciudad, ya que las limitaciones y los vehículos autorizados pueden variar de un municipio a otro.