La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un total de seis años y cinco meses de prisión a tres de los siete acusados del caso Almazaras de Priego de Córdoba, juzgados por la supuesta comisión de delitos societarios, de falsedad y estafa en la compraventa de aceite de oliva.

En concreto, Pedro Quesada, exgerente de la cooperativa, el intermediario Enrique Fuentes y José María García, directivo de la entidad granadina Oligra, figuran como autores de un delito de uso de documento falso (el primero) y de administración fraudulenta (los tres), que además deberán indemnizar a Almazaras con 757.271,92 euros, asumiendo igualmente las costas del proceso.
La pena de Quesada asciende a tres años y cinco meses; la de Fuentes es de un año y dos para García. El resto de acusados, entre ellos Francisco García Bolivar, así como el presidente de la cooperativa de segundo grado, Fermín Jiménez y los miembros del consejo rector Narciso Reina y Aurelio Torralbo, han sido absueltos al considerar la Audiencia que no hay motivos suficientes para la acusación de éstos como partícipes de los delitos de acción cometidos por los autores de los mismos.
Con mucha cautela acogían ayer los integrantes de la asociación Almazeite, en la que se integran los afectados en el denominado caso Almazaras y que se ha personado como acusación popular en el mismo, la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Según indicaban a Priego Digital varios de los integrantes de este colectivo, la primera sensación tras conocerse la sentencia ha sido, “de una satisfacción agridulce”, mostrándose muy prudentes a la hora de realizar otras valoraciones hasta que los abogados estudien con detenimiento el contenido íntegro de la sentencia y en una asamblea de la asociación que se convocará en breve, expliquen los pormenores de la misma y el fallo de la misma, adoptándose en la misma las decisiones que se estimen convenientes.
Aún así, una de las primeras conclusiones a las que han llegado los afectados es que se ha condenado por el delito societario cometido, “pero no por la estafa”, incidiendo en la antes aludida “satisfacción agridulce, ya que esperábamos mucho más de la sentencia”, como lo demuestra el hecho de que Almazeite se había adherido a la peticiones de la Fiscalía en las que se solicitaban “unas penas más contundentes y para más imputados”. De ahí que la satisfacción ante lo poco que conocían de la sentencia, como así indicaban, “no se ajusta a nuestras expectativas”.
En este sentido, desde la asociación se hace constar que pese a sus escasos recursos, “han sido ocho años de lucha para una escasa recompensa”, afirmando en un escrito remitido ayer tarde su discrepancia, en parte, con la sentencia emitida, “ya que casi ocho años de lucha no han dado el fruto que esperábamos”, apuntando que tanto la Fiscalía como las acusaciones personadas, habían solicitado en sus escritos de acusación y defendido en sus conclusiones, que a parte de los acusados se les condenase por el delito de estafa, “algo que no ha sido así”, se lamentan desde Almazeite, “ya que la Sala considera que no ha existido tal estafa y sí un delito societario de administración fraudulenta”.
Otro de los aspectos que preocupa en el seno de la asociación en la que se integran los afectados en el Caso Almazaras es la cantidad a la que asciende la indemnización, toda vez que como obra en el amplio expediente, los tres acusados se han declarado insolventes y las dos empresas afectadas se encuentran en suspensión de pago, de ahí que en estos momentos ven “complicado” recuperar el dinero que aún se les adeuda.
Finalmente, y dependiendo del resultado de la asamblea que se celebrará en breve, desde la asociación Almazeite no se descarta, en estos momentos, recurrir al Tribunal Supremo.