En julio se cumplirán siete años desde que la presunta estafa saltara a la luz pública
Rafael Cobo Calmaestra
Miércoles 30 de mayo de 2012 - 10:49
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Cuando falta poco para que el próximo mes de julio se cumplan siete años desde que se interpusiera en el Juzgado de Priego la primera querella contra los presuntos autores de un delito de estafa, el denominado Caso Almazaras ha entrado en una nueva fase tras hacerse públicas las últimas actuaciones judiciales relacionadas con el mismo.

En concreto, una de ellas es el extenso auto, fechado el 15 de mayo, en el que se hace un exhaustivo análisis de todos lo hechos y conductas que se han producido en las diligencias previas de la primera querella, en la que se acuerda dirigir el procedimiento contra el exgerente (Pedro Quesada Comino), el exsecretario (Narciso Reina Jiménez), el presidente (Fermín Jiménez Valenzuela), el tesorero  (Aurelio Palomar Torralbo), los interventores (Antonio García Pareja y
Miguel Muñoz Sánchez), el corredor de aceites Baldomero Ruiz Morales, el responsable de la empresa Jaraoliva (Jaime Peñasco Peñasco), y el exdirector de la Caja Rural en Fuente Tójar (Francisco Manuel Márquez Aranda).
A todos, según el citado auto, se les imputa la comisión de un delito societario  del artículo 290 y 295 del Código Penal, así como un delito de estafa.
Auto que ha sido valorado “muy positivamente” por la asociación Almazeite, en la que se integran los afectados en el Caso Almazaras de Priego, ya que según hace constar este colectivo en una nota informativa, “viene a confirmar la idea que siempre ha mantenido Almazeite sobre la presunta culpabilidad por acción u omisión de todos los imputados”, destacando en este sentido la importancia de la imputación que se realiza al  exdirector de Caja Rural de Fuente Tójar, “por el papel determinante que supuestamente pudo tener en la presunta estafa”.
Por otra parte, con esta actuación, desde la Sección Nº1 de la Audiencia Provincial de Córdoba, se resuelve y se ha dado traslado a Almazeite de la estimación o desestimación de las pruebas que la Fiscalía, la acusación y la defensa propusieron en su día para la vista oral de la querella contra la empresa Oligra, del Caso Almazaras. Querella en la que se investiga el cobro fraudulento de unos 600.000 euros que presuntamente pudo realizar la empresa granadina Oligra a Almazaras de Priego mediante supuestos contratos de compraventa de aceite ficticios. Cantidad que, supuestamente, procedía del beneficio que Almazaras pudo tener por la operación de compraventa de 9.000.000 de kilos de aceite.
Según la nota remitida por Almazeite en relación a este segunda querella, en el Auto de la Audiencia se marca un plazo de 15 días para, si procede, señalar el fecha del inicio de las sesiones del juicio oral de esta querella en la que figuran como imputados por delitos de falsedad y estafa, el exgerente (Pedro Juan Quesada Comino), el exsecretario (Narciso Reina Jiménez), el presidente (Fermín Jiménez Valenzuela), el tesorero (Aurelio Palomar Torralbo), los responsables de Oligra (Francisco García Bolivar y José Mª Gracía Mellado) así como el responsable de Oleonostrum S.L. y corredor de aceite Enrique Fuentes Padilla.
En este sentido, Almazeite destaca la relevancia del hecho, ya que por primera vez, “se podrá asistir, en mucho tiempo, al primer juicio importante del Caso Almazaras”, en el que desde el colectivo que aglutina a los afectados en esta presunta estafa, se espera “que caiga todo el peso de la Ley sobre los presuntos culpables y nuestra lucha para verlos en la cárcel y, a ser posible, que las más de 2.000 familias afectadas puedan recuperar lo que aún se les debe empiece a ser una realidad”.

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