Los grupos políticos de la institución provincial aprueban también la adopción de medidas de optimización del Sistema Arbitral de Consumo
Redacción
Viernes 19 de abril de 2013 - 11:08

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado, por trámite de urgencia, el Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal para 2013, “para acometer cuanto antes las actuaciones previstas en estas aldeas, una vez terminado el plazo de solicitud y los estudios pertinentes por parte de los técnicos de la institución provincial”.

Así lo ha destacado el portavoz del Gobierno en la Diputación, Andrés Lorite, que ha insistido en que este programa “tiene un objetivo claro en cuanto a la vertebración territorial y a la posibilidad de que estos núcleos tengan la capacidad de disponer de sus servicios básicos”.
“Esta es la política que este Gobierno está realizando en cuanto a la discriminación positiva para esa realidad social, que es un hecho diferencial de unos municipios a otros, por cuanto que la gestión no cuesta lo mismo ni es igual en todos ellos”, ha subrayado Lorite.
Otro de los asuntos destacados de la sesión plenaria ha sido el relativo a la adopción de medidas para la optimización del Sistema Arbitral Provincial de Consumo, para que jóvenes letrados se conviertan en árbitros especializados para resolver conflictos de manera extrajudicial entre usuarios y empresas.
La delegada de Consumo en la institución provincial, María Jesús Botella, ha  insistido en que con este acuerdo “pretendemos optimizar y mejorar el sistema arbitral de consumo y dar la oportunidad a jóvenes abogados que cuenten con experiencia”.
Asimismo, en el paquete de estas medidas se incluye la revisión de las cuantías de las indemnizaciones por servicios de arbitraje. Así, el importe por laudo para árbitros será de 30 euros y 50 para los presidentes; con un máximo diario de 90 para árbitros y 150 para mediadores.
En este sentido, Botella ha señalado que “la Diputación ha conseguido reducir el gasto de esta dietas, debido a la eliminación de éstas a los presidentes cuando eran funcionarios de esta Casa. En 2011, los laudos que se dictaron supusieron 68.000 euros, y en 2012 fueron 15.398 euros”.


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