Aspecto que presentaba esta tarde el salón de actos del CEP. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El derecho humano a la vivienda y la función social de la misma. En síntesis este es el leitmotiv principal de la política que IULV-CA está llevando a cabo en la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta desde que en junio del pasado año la coalición de izquierdas entrara a formar parte en el gobierno autonómico.

La propia consejera, la prieguense Elena Cortés, ha sido la encargada de explicar en un acto público celebrado esta misma tarde en el salón de actos del Centro de Profesores, las líneas básicas de este nuevo modelo, esta alternativa propuesta y llevada a la práctica por IU, “frente al modelo neoliberal”, como señaló Cortés, que se está aplicando en el resto del país, “en el que se sigue beneficiando a los privilegiados, a la élite económica y política”.
Durante su intervención, la consejera, militante del Partido Comunista de Andalucía e integrante de su Comité Central, analizó algunas de las causas de la que definió como, “una estafa hipotecaria de dimensiones descomunales”, en relación a la burbuja inmobiliaria con la que se construyeron viviendas, con cláusulas abusivas que provocaron el sobreendeudamiento de la población, “generando pingües beneficios en unos pocos”, haciendo referencia a las consecuencias que provocó la caída de dicha burbuja, entre ellas el desempleo generado en el sector de la construcción y los desahucios masivos.
De ahí que Cortés apuntara que desde la llegada de IULV-CA al gobierno autonómico, la intención era cambiar la política que hasta la fecha se había realizado en materia de vivienda, “tanto en el fondo como en las formas, escuchando a la gente”, adoptándose a partir de junio de 2012 una serie de medidas, “con las que queríamos romper la neutralidad que el gobierno andaluz había adoptado al respecto”, destacando en este sentido la consejera la creación de la Oficina de Defensa al Derecho de la Vivienda.
En relación al trabajo realizado en el último año, Elena Cortés incidía en que se ha conseguido demostrar, “que hay alternativas”, recordando a las 2.400 familias que estaban en riesgo de ser desahuciadas y que se ha evitado la expulsión de su vivienda, o la ocupación de las 638 viviendas sin ocupar con las que contaba EPSA y que se han ofrecido mediante alquiler libre.
Pero sin lugar a dudas, la parte más intensa de su intervención ha estado relacionada con la función social que, como recoge nuestra Carta Magna, ha de tener la vivienda, “y no la función mercantil que algunos han pretendido darle”, insistiendo en que desde la Consejería de Fomento y Vivienda, “hemos hecho cumplir la función social de la vivienda”, ya que como apostillo, “no es de recibo que haya viviendas sin ocupar y gente sin vivienda”.
Finalmente y antes de dar paso a las preguntas del público que se dio cita en el acto, en el que también se contó con la presencia de la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Mari Santos Córdoba, así como numerosos integrantes de la Asamblea Local de IULV-CA, Elena Cortés enumeró las medidas que se han puesto en marcha para esa defensa de la función social de la vivienda, como es el programa de rehabilitación de vivienda, con el que según la consejera se pretende reconvertir el sector de la construcción, así como la creación de una red de Oficinas en Defensa de la Vivienda, dependencias que pese al convenio suscrito entre la Consejería y el Ayuntamiento prieguense, aún se han abierto en nuestra localidad.