La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una nueva operación contra el juego clandestino en la provincia de Córdoba con una intervención en la que los agentes han desmantelado un bingo ilegal en Priego, en el que había jugando varios menores de edad.

Según información de la Junta, en la operación policial fueron incautados 491 cartones y 240 euros, producto del bingo ilegal que ofertaba como premios 20 euros a la línea y 40 al bingo. En el momento que se llevó a cabo la intervención, estaban jugando 70 personas distribuidas en 20 mesas.
Los agentes de la Unidad de Policía adscrita identificaron como responsables de este bingo clandestino a tres personas, una de ellas como organizadora, mientras que las otras dos se encargaban de la venta y cobro de los cartones.
El titular del establecimiento en el que se desmanteló el bingo clandestino carecía de licencia de apertura, de un recibo de pago del seguro de responsabilidad civil, de un documento acreditativo de titularidad, aforo y horario, y fue denunciado también por infracción de las medidas de seguridad.
En su lucha contra el juego ilegal, la Unidad de Policía adscrita ha realizado durante el primer semestre de este año en la provincia de Córdoba un total de 324 inspecciones y ha levantado 179 denuncias en el primer semestre de 2013.
La Unidad de Policía adscrita ha intervenido durante el primer semestre un total de 6.989 boletos de loterías ilegales en esta provincia, según un balance de las actuaciones de este servicio perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior.
Asimismo, los agentes han inspeccionado en esta provincia en estos seis meses un total de 594 máquinas del tipo A, B y C -conocidas como máquinas tragaperras-, a consecuencia de lo cual ha denunciado cuatro.
El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales.
Además de estas intervenciones, tanto la Policía Adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito. Como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento.