Mantas y Mármol durante su comparecencia ante los medios. (Foto: R. Cobo) (Foto: Cedida)

El pasado 1 de enero entraba en vigor el Decreto-Ley 3/2017 de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de la que se beneficiarán alrededor de 45.000 familias cada año.

La iniciativa, que regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, ha sido presentada en nuestra localidad por el Alcalde prieguense, José Manuel Mármol, y por la presidenta del Área de Bienestar Social, Paqui Mantas, destacando ambos la importancia de la misma.
En este sentido, para Mármol, “se trata de una de las medidas más importantes que a nivel de Servicios Sociales se han puesto en marcha en los últimos años en Andalucía y que va a beneficiar a familias que lo están pasando verdaderamente mal, a las que el sistema ha dejado fuera, que no tienen ningún tipo de cobertura, que acuden a los servicios sociales para poner en conocimiento esa situación límite”.
Según el Alcalde, esta medida supone un avance muy importante para los vecinos de Priego en la cobertura de las políticas sociales, añadiendo que en muchas ocasiones, “desde la institución municipal no se tienen los recursos suficientes para poder ayudar a unas situaciones estructurales en algunas ocasiones y que gracias al gobierno de la Junta van a poder percibir estas prestaciones”.
Como indicaba Mármol, se trata de ayudas que se conceden por el plazo de un año, y que irán complementadas con un plan de inserción laboral y social, añadiendo que después de la Ley de la Dependencia, “es la iniciativa política social puesta en marcha más ambiciosa de los últimos años”.
Por su parte, Mantas añadía que la aportación económica de los beneficiarios de esta renta mínima de inserción social oscilará entre los 419 y los 779 euros mensuales durante doce meses prorrogables por períodos de seis, si persisten las condiciones de la unidad familias, cuya situación deberán determinar las trabajadoras sociales mediante un informe.
Cabe reseñar que tendrán prioridad las familias con menores a su cargo, las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas con discapacidad. Además del requisito de ingreso mínimo mensual, la unidad familiar debe estar empadronada en algún municipio andaluz de forma estable desde hace al menos un año. El solicitante debe tener entre 25 y 64 años y tiene que estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante.
La ayuda irá acompañada de un «plan de inclusión sociolaboral personalizado» que será elaborado tanto por la Junta de Andalucía como por los servicios sociales del municipio del solicitante en el plazo de un mes desde que se pida.