Según Manuel Rodríguez, ambas personas no estaban incluidas en la Bolsa de Trabajo, sistema que regula las contrataciones temporales en el Consistorio prieguense
Rafael Cobo Calmaestra
Domingo 4 de diciembre de 2011 - 18:01

Ejerciendo su papel de partido de la oposición, muchas veces callado y en la mayoría de las veces con poca repercusión en los medios, Izquierda Unida, con un único edil en la Corporación municipal prieguense, ha denunciado el intento, por parte del Presidente del Área de Cultura y edil de Educación, Miguel Forcada, de contratar “a dedo” a dos empleados destinados al servicio de guardería temporera, lo que hubiera supuesto saltarse a la torera la bolsa de trabajo, procedimiento en vigor para los contratos temporales del Consistorio priguense.

El portavoz del grupo municipal de IULV-CA y coordinador de la Asamblea Local de esta formación, Manuel Rodríguez, hacía público este hecho en el transcurso de una intensa rueda de prensa en la que junto a varios compañeros de la Asamblea Local, analizaron algunos de los expedientes debatidos en el último pleno de la Corporación.
Precisamente, en esta última sesión, en el turno de Ruegos y Preguntas, se solitió por parte del grupo municipal del PSOE información sobre el procedimiento de contratación que se había llevado a cabo en el servicio de guardería temporera, entrando en detalles al apuntar que en la comisión informativa de Cultura y Bienestar Social celebrada el 11 de noviembre pasado, “Forcada planteó la contratación para el servicio de guardería temporera de dos personas, no incluidas en la Bolsa de Trabajo”, algo a lo que Rodríguez se negó, sometiéndose la propuesta a un informe de secretaría, definido por
el coordinador de la asamblea local de IU como “imparcial, riguroso y demoledor”.
Según Manuel Rodríguez, en este informa se indicaba que en presencia de la Bolsa de Trabajo, “no cabe otra fórmula de contratación”, por lo que según reseñó, “pese a contar con un solo concejal, gracias a nuestra insistencia se evitó un dedazo tremendo y una decisión arbitraria por parte del concejal de Educación”, recordando  Rodríguez que una de las razones por las que se creó y puso en marcha la Bolsa de Trabajo, “fue para evitar situaciones de nepotismo y enchufismo, como en este caso podría haber sucedido y nosotros hemos evitado”, sentenció.
Junto éste, otro de los aspectos abordados en la rueda de prensa fue el relacionado con la congelación de las ordenanzas, la cuarta en los últimos ocho años, y que como puso de manifiesto Francisco del Caño, integrante de la Asamblea Local de IU, “supone renunciar de modo irresponsable y temerario a unos ingresos que evitarían recortes anunciados e innecesarios”, añadiendo que adecuar las ordenanzas al IPC, “es una acción de justicia social y fiscal”. Igualmente, del Caño hizo mención a la pérdida acumulada del 9,2% que se había producido en los ingresos debido a la congelación, en cuatro de las últimas ocho legislaturas, de las ordenanzas municipales, “lo que junto a una media anual de 300.000 euros, supone una fuerte pérdida de poder adquisitivo ya que lo suministros sí han subido el IPC anual”, de ahí que para del Caño, esta actuación “temeraria y premeditada, lo que busca es justificar una serie de recortes, con una disminución drástica de los gastos de personal y bienes corrientes”.
Por otra parte, del Caño ponía de manifiesto que la adecuación de las ordenanzas supondría una incidencia en los ciudadanos “pequeña”, en torno a los 6,9 euros anuales por persona, que se traducirían en unos 180.000 euros más para las arcas municipales, calificando como “sorpresivo y demagógico” que desde el Equipo de Gobierno se argumente como una de las soluciones del Plan de Saneamiento, “que se pongan al orden los padrones, principalmente los del IBI”, recordando que lo que en la anterior legislatura era “nefasto” para el PP para no apoyar los presupuestos municipales de 2010 y 2011, “un año después es la solución”.
Ante esta tesitura, Francisco del Caño apuntó que para IULV-CA, una de las pocas soluciones que tiene la tesorería municipal es, “ordenar, adecuar y poner al día todos los padrones, para que cada uno pague sus impuestos en función de su realidad social y su situación”, lo que según del Caño, “evitará, como nos tememos, subidas espectaculares en los próximos años”.
Por otra parte, del Caño hizo alusión a las deficiencias de “inadecuación” que presentan las ordenanzas, “debido al corto y pego”, demandando la necesidad de su lectura detenida y adecuación, indicando la inexistencia de reglamento en la ordenanza de uso de edificios públicos, poniendo como ejemplo la situación que se ha producido con una asociación religiosa “amiga” del actual Equipo de Gobierno, a la que según del Caño, “se le ha asignado discrecionalmente el uso gratuito de un espacio municipal, mientras que otras asociaciones locales esperan años y años”.
Con todos estos argumentos, del Caño argumentó el voto en contra de IULV-CA a la finalmente aprobada congelación de ordenanzas en el pasado Pleno, adelantando que dicha congelación, será la justificación de futuros recortes.
Junto a las ordenanzas municipales, otro de los temas analizados en profundidad en la comparecencia ante los medios de distintos integrantes de la Asamblea Local de Izquierda Unida, fue el relacionado con el pliego de condiciones para la adjudicación de la zona azul, indicando en este sentido Nuria Ortiz que su formación ha planteado que este servicio sea gestionado directamente por el Ayuntamiento, “siguiendo nuestra línea de apoyo al empleo público”, añadiendo que esta fórmula podría generar unos importantes ingresos, “dividiéndose éstos en el caso de que sea una empresa privada la que asuma la gestión”, añadió Ortiz, que incidió en la importancia de generar empleo público, “con el que se garantiza a los trabajadores tanto los deberes como los derechos laborales, la estabilidad frente a la precariedad, salarios dignos y acordes al puesto desarrollado frente a posibles remuneraciones bajas”. De ahí que Nuria Ortiz apuntara que para IU ésta de la zona azul, “sería una posibilidad de generar ingresos que irían directamente a las arcas municipales, minimizando con ello los recortes que afectan, directa o indirectamente a las clases menos pudientes”.

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