El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Manuel Gutiérrez, ha vuelto a exigir responsabilidades al anterior equipo de Gobierno de la Diputación por el agujero económico de más de 13,5 millones de euros que acarrea la empresa provincial, en deudas a la Seguridad Social, Hacienda y una póliza de crédito.

“Tratar de derivar responsabilidades a los consejeros y a otros que no sean los miembros del PSOE es una cortina de humo para distraer de la auténtica responsabilidad. El anterior gobierno de la Diputación nombró a un gerente, un interventor y un presidente del Consorcio que son los responsables de las irregularidades del Consorcio”, ha reiterado Gutiérrez.
El también vicepresidente 3º de la Diputación ha subrayado que “quien diga que las responsabilidades son de todos desconoce el funcionamiento del Consorcio, cuya Junta General y Consejo dependen de la documentación que presenta el gerente, avalado por el interventor y con la firma del presidente”.
Además, Manuel Gutiérrez ha anunciado que “lo que está claro es que será el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Cuentas los que digan quien o quienes son los responsables”.
Gutiérrez ha recordado que advirtió de la situación económica del Consorcio al anterior presidente de la entidad provincial, Fernando Expósito, quien dijo desconocerla, pero “nuestra sorpresa fue que al analizar el expediente de la Seguridad Social nos percatamos de que fue el mismo Expósito  quien solicitó el aplazamiento de 5 millones de euros”.
“Son ellos, los miembros del PSOE, los que no han querido aceptar lo que le pedimos en la anterior comparecencia ante los medios, tienen la obligación de preguntarle al anterior gerente qué queda por saber sobre las irregularidades”, ha reiterado.
En este sentido, ha comentado que ”mucho nos tememos que no se haya pagado el IRPF del ejercicio 2011, lo que sumará 1,4 millones más de deuda”. 
Por último, el también delegado de Presidencia y Gobernación de la Diputación ha explicado que la institución provincial tendrá que pagar el 63% de la deuda y el resto tendrá que ser aportado por los ayuntamientos.