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La Junta destina cerca de 900.000 euros a los 14 municipios de la Subbética a través del Decreto contra la Exclusión Social
Esta inversión permitirá el mantenimiento de hasta 43 puestos de trabajo en ayuda a domicilio y la generación de entre 150 y 900 contrataciones para personas en riesgo
Jueves 4 de julio de 2013 - 21:37
La Junta de Andalucía va a destinar cerca de 900.000 euros a los 14 municipios de la Subbética a través del Decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la Exclusión Social, aprobado por el Consejo de Gobierno para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma.
Esta inversión permitirá mantener en estos municipios hasta 43 puestos de trabajo a jornada completa dentro de la primera línea de actuación del Decreto, el Plan Extraordinario de Acción Social. Por medio de él, la Junta destinará 2,5 millones en la provincia de Córdoba como financiación complementaria del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con necesidades de soporte de sus actividades y tareas que no se encuentran en situación de dependencia. Este Plan permitirá atender a 287 personas en la Subbética que en estos momentos no tienen derecho a ser atendidos por la Ley de Dependencia y a 2.000 en el conjunto de la provincia.
Concretamente, estos 2.000 cordobeses son personas que venían beneficiándose de las ayudas que su ayuntamiento les aportaba a través del presupuesto que el Ministerio destinaba de manera directa a las corporaciones locales en el Plan Concertado. Sin embargo, como el Gobierno central ha reducido en un 68% su aportación a este plan, los Ayuntamientos no pueden hacer frente a las necesidades de estos vecinos que hasta ahora venían disfrutando de estas ayudas.
Asimismo, entre estos 2.000 cordobeses se encuentran personas con dependencia moderada que, tras la aprobación por parte del Gobierno de Rajoy de manera unilateral del Real Decreto Ley el pasado verano, no pueden incluirse en el Sistema de Atención a la Dependencia hasta 2015. Con la aportación de la Junta de Andalucía, se intenta que estas personas puedan hacer frente a sus necesidades más básicas. De estos 2,5 millones, la Junta estima que, por ejemplo, la Diputación disponga de un total de 1,4 millones para que los 67 municipios que gestiona eviten el despido de las trabajadoras que se verán afectadas por la reducción de la intensidad horaria del servicio de Ayuda a Domicilio.
Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, María Isabel Baena, en su visita a Carcabuey donde se ha reunido con representantes de los 14 ayuntamientos que forman parte de esta comarca y con miembros de las empresas del sector que trabajan en esta zona de la provincia.
Tras explicar las principales características del Decreto Ley que beneficiará a más de 15.000 cordobeses, Baena ha señalado que esta normativa establece un presupuesto de 427.132 euros para esta comarca y ha detallado el porcentaje que a cada uno de los municipios le corresponde en función de las características que presentan cada uno de ellos. Lucena, por ejemplo, cuenta con un total de 118.256 euros, con los que podrá mantener un mínimo de 9 puestos de trabajo y atender en torno a los 76 ciudadanos; Cabra recibirá 68.347 euros para prestar atención a 48 personas y contratar a 6 personas; y Priego de Córdoba recibirá 60.883 euros para financiar 5 contrataciones y la atención de 39 personas.
Durante la reunión, Baena ha señalado que dentro del Programa de Ayuda a la Contratación los 14 municipios de la Subbética van a recibir 449.704 euros que permitirán la realización de entre 150 y 900 contratos en función de la duración de los mismos. Este Programa cuenta con un presupuesto global de 3,5 millones de euros en la provincia de Córdoba con los que se prevé la contratación de 106.500 jornadas, de las que podrán beneficiarse entre 1.000 y 7.000 personas.
La delegada ha explicado también que la distribución de los créditos se ha hecho en base a las cifras de desempleo que cada uno de los municipios registró a cierre de 2012 y que las contrataciones se realizarán de acuerdo con los criterios profesionales que determinen por los trabajadores sociales, toda vez que son los mismos los que mejor conocen las necesidades de cada municipio.